La ley de Justicia cumple un año en Castilla y León con "caos" y desigualdades en el funcionariado

El calendario escribe su día a día en base a las efemérides. Este viernes 3 de abril, por ejemplo, se cumple el primer aniversario de la entrada en vigor la Ley de Eficiencia en el Sector de Justicia. Normativa que permitía agilizar los procedimientos, reducir la carga de trabajo de los juzgados y fomentar la cultura del diálogo en la administración.

La reforma judicial ha ido implantándose hasta enero de este año en diferentes fases, con reformas en las propias sedes pero también a nivel organizativo, ya que ahora se asumen asuntos como la ampliación de competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y la creación de tribunales de instancia que hacen suplir la labor de los juzgados.

Sin embargo el personal insiste en que este año solo ha estado definido por una palabra: "caos". Ahora asumen más carga de trabajo y eso termina repercutiendo en la atención a la ciudadanía: "están teniendo que ir de una planta a otra y cada compañero está llevando una clase de procedimientos que antes no tenía, ahora le cuesta encontrarlo pero también al ciudadano" reconoce Francisco Alonso, responsable del sector de Justica en CSIF.

Existe también una figura, reconocida en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León llamada Consejo de Justicia. Está en el artículo 42. De haberse puesto en marcha, asegura CSIF, permitiría mejorar la gestión de medios personales y materiales de la administración de justicia y hubiera sido muy útil ante la aplicación de una nueva normativa como esta: "permitiría reforzar la eficacia sobre todo en la gestión de medios personales y materiales de la administración de justicia y permitiría tener una interlocución más fluida entre ministerio y Junta, se daría un mejor servicio, que es lo que importa", añade Alonso.

Esta nueva ley ponía el acento en un mecanismo prioritario para resolver los problemas, la mediación. Un procedimiento que evita la vía judicial y sobre todo ahorra costes en los largos procesos que se dan en los juzgados.

Sin embargo, la financiación derivada del ministerio para estos asuntos se limita a la mediación familiar, otros asuntos se quedan sin dinero asignado y obliga a acudir a la mediación privada. Gloria Calderón, mediadora y procuradora en Procumedia pone el ejemplo de algunos de estos asuntos que quedan fuera: "rentas, desahucios a inquilinos, pero un tema que llevamos mucho es el de las custodias de animales, de cada cinco familias, cuatro tienen animales y eso se termina costeando por lo privado".

Una situación que atasca aún más los juzgados y que provoca un creciente enfado en la ciudadanía "a veces me dicen que llevan con asuntos desde 2024, pero nosotros no tenemos tramitado el asunto y algunos se están señalando incluso para 2027", lamenta Calderón.

Durante el año 2025, la justicia de Castilla y León ha recibido una importante carga de nuevos asuntos, con un total que llegó a superar los 333.000 lo que, a juicio del funcionariado, presiona la capacidad operativa de los juzgados.