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Piden más de 3 años de prisión para Demetrio Alfonso por presunta prevaricación y falsedad documental

Un ingeniero y un empresario se enfrentan a siete meses de prisión en el mismo juicio que el exalcalde de Fabero

Ponferrada

Comienza este lunes en la Audiencia Provincial el juicio contra el exalcalde de Fabero y actual portavoz del grupo municipal socialista, Demetrio Alfonso, por un presunto caso de prevaricación administrativa en concurso con falsedad en documento público. La fiscalía pide para él tres años y medio de prisión, mientras que para las otras dos personas supuestamente implicadas, un ingeniero y un empresario, pide siete meses de cárcel.

Los hechos se remontan al 22 de octubre de 2007 cuando, según las calificaciones del fiscal, se abrió un expediente para obras de mejora de abastecimiento en el municipio por procedimiento negociado y sin publicidad. Tres días después, la Junta de Gobierno aprobó el expediente y el gasto, y solicitó ofertas. El día 26 se firmó el replanteo de la obra sin haberlo realizado, afirma el fiscal. El día 30 se adjudicó la obra por importe de 40.000 euros, y ese mismo día el alcalde, el ingeniero y el empresario firmaron el acta de comprobación del replanteo. Un día después, se firmó la recepción de la obra como finalizada cuando, insiste el Ministerio Público, las obras no estaban realizadas. También se firmaron las certificaciones y la factura en esa misma fecha.

Los tres acusados eran sabedores de que todos esos documentos no se ajustaban a la verdad, dice el fiscal. Solo intentaban dar ‘apariencia de realidad a una sitación fáctica’ que no existía, de manera que se llegaron a cobrar las subvenciones de 10.000 euros de Diputación y otros 20.000 de la Junta, además de los 10.000 que aportaba el Ayuntamiento.

En las peticiones de pena, que tienen en cuenta dilaciones indebidas en el procedimiento, se pide para el exalcalde, además de esos tres años y medio de prisión, ocho meses de multa y la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante tres años. También piden multa de ocho meses para el ingeniero y el empresario supuestamente implicados.

 

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