Un afectado por el 'caso ataúdes': "Lo más grave es que trataran a los cadáveres como sacos de patatas"

"Lo de menos es el cambiazo del ataúd, lo verdaderamente grave es que trataran a los cadáveres como sacos de patatas", ha denunciado públicamente este lunes Jorge Manuel M, uno más de los perjudicados por el denominado 'caso ataúdes' que juzga a un total de veintitrés personas, entre responsables y trabajadores del grupo funerario El Salvador, a los que se acusa de reutilizar tanto los féretros como los ornamentos florales para la celebración de sucesivos sepelios.

Tras el parón impuesto por la Semana Santa, el juicio que se sigue en la Audiencia de Valladolid por estos hechos ha vuelto a reanudarse con el testimonio de una veintena de perjudicados, todos ellos, al igual de lo ocurrido en jornadas precedentes, para relatar que contrataron los servicios del grupo funerario investigado, en unos casos por voluntad propia y en otros obligados por la póliza contratada, convencidos de que sus difuntos serían tratados con el respeto y de que habían acudido a gente "profesional".

Nada más lejos de la realidad, es algo en lo que coinciden todos, entre ellos Jorge Manuel M, cuyo padre falleció e enero de 2006. El velatorio se desarrolló en Medina del Campo pero al no contar las instalaciones con horno, el cadáver fue trasladado hasta el Cementerio de Santovenia de Pisuerga.

Con posterioridad, el declarante, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha explicado que cuando se enteró por el juzgado de que era uno de los afectados se llevó una fuerte impresión. "Me tuve que sentar porque me dio un mareo", ha recordado el testigo, quien ha apostillado que lo del cambiazo del ataúd de su padre le parece "secundario", lo grave, a su juicio, es que los acusados han manipulado a sus seres queridos como si se tratara de "sacos de patatas".

"Indignación", "impotencia", "rabia", "profundo dolor", "Incredulidad"...son los calificativos que se han ido sucediendo de forma machacona a lo largo de las declaraciones de otros muchos familiares de fallecidos que también fueron puestos a recaudo de la empresa funeraria enjuiciada, sin que ninguno de ellos llegara a presenciar el momento de la incineración del cadáver.

No fueron testigos de esa cremación porque algunos de ellos no quisieron y otros porque no se lo permitieron los empleados. "Nos dijeron que era algo muy desagradable", ha indicado Sonia María G, al recordar el duro momento que le tocó vivir con la cremación de su padre, fallecido el 16 de abril de 2009, y sobre todo el impacto recibido cuando se enteró por la radio de que figuraba entre los afectados por el caso de presunta estafa. "Todos tenemos padre y madre...no sé como han podido hacer esto con ellos y acabar con su dignidad", ha recriminado.

Casimiro V, Manuel G.C. y Alberto L. han testificado igualmente para relatar los casos de su madre, padre y esposa, respectivamente, fallecidos el 11 de abril de 2014, el 19 de febrero de 2009 y el 28 de febrero de 2013. Los tres perjudicados han aprovechado su testifical para mostrar también su profundo malestar por el trato recibido por sus difuntos.

Manuel G.C. ha calificado los hechos como algo "horrible, repugnante". De hecho, el afectado asegura que cuando se lo contó un familiar, de profesión abogado y quien le recomendó personarse en la causa, no era capaz de entender lo que le estaba contando. "Con lo que ya ganan, que encima manipularan los cadáveres, no tiene nombre y el daño es irreparable", ha lamentado.

Para Casimiro V, lo peor es que sacaran a su padre del féretro por el que había pagado y que luego esa misma caja fuera reutilizada para otra persona fallecida. "Pero además, es que no sé qué hicieron mientras tanto con su cuerpo", ha añadido con profundo dolor, mientras que María Nieves P. ha llegado a indicar que, tras explotar la 'Operación Ignis', le mostraron una fotografía en calidad de posible perjudicada y pudo comprobar que la caja en la que se encontraba su marido no era la que había concertado.

Otros testimonios

Otro de los damnificados, Alberto L, ha trasladado al tribunal el caso de su esposa, fallecida en el Río Hortega, "que con lo que pasó en vida la pobre no se merecía el trato recibido" una vez ya muerta. En su día le ofrecieron ver unas fotografías, pero prefirió no pasar por ese trago y finalmente las visualizaron sus hijos. De lo que sí se acuerda es que llegó a quejarse durante el velatorio porque comprobó con estupor que ni siquiera habían peinado a su pareja.

Los testimonios de los damnificados se han ido sucediendo a lo largo de la mañana con el mismo denominador común. A todos ellos se les ha ido interpelando sobre qué sintieron cuando se enteraron de lo ocurrido, como Olga S, cuya madre falleció en el verano de 2014. "El sentimiento es indescriptible, no hay palabras para resumir la barbaridad cometida aprovechando la vulnerabilidad en la que se encuentran las familias afectadas".

No menos emotiva la declaración de María C.M, quien acudió a la funeraria El Salvador con motivo de la muerte de su esposo el 11 de octubre de 2013. Para ella, el óbito de su pareja fue "muy duro de digerir" por las circunstancias en las que se produjo, pero todavía peor cuando la policía le mostró distintas fotografías en la que aparecía su marido "tirado en el suelo y con un cartón con su nombre y la fecha de fallecimiento", ha recordado la mujer, enfermera de cuidados paliativos que ha roto a llorar desconsolada.

Está previsto que el martes y el miércoles testifique idéntico número de perjudicados, veinte por jornada, al igual de lo que está previsto que ocurra durante las tres sesiones de la próxima semana, con lo que durante los próximos quince días testificarán cerca de 120 personas propuestas por las acusaciones pública y las dos particulares personadas en la causa.

Con carácter provisional, la Fiscalía de Valladolid solicita penas que, en su conjunto, superan los 200 años de prisión por delitos de organización criminal, estafa agravada, apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsedad documental y contra el respeto a los difuntos.

Han quedado fuera de la causa por fallecimiento el patriarca y propietario del negocio, Ignacio Morchón Alonso, y el extrabajador de dicho grupo y principal testigo, Justo Martín, quien a lo largo de años fue anotando en libretas la actividad supuestamente delictiva.