Los informes sobre las presuntas irregularidades en la gestión de la protectora de Palencia en la anterior etapa

Palencia

El Ayuntamiento de Palencia mantuvo abierta una investigación administrativa contra la Sociedad Protectora de Animales y Medio Ambiente Scooby, anterior adjudicataria del servicio de recogida de animales abandonados, tras la acumulación de informes técnicos, veterinarios y policiales que describen graves deficiencias en el funcionamiento de la perrera municipal, situada en el Camino Carabaja.

Recordemos que los actuales gestores de la protectora son Pallantia Animal que nada tienen que ver con lo que reflejan los informes sobre presuntas irrgularidades, ni con la querella promovida por voluntarios. Todo se remonta a la anterior gestora, Scooy Adopta Palencia.

La documentación que se reunió en distintos expedientes municipales incluyó informes de la Veterinaria Municipal, un atestado del SEPRONA de la Guardia Civil, requerimientos firmados por responsables políticos y un extenso histórico de intervenciones de la Policía Local que se remonta, al menos, al año 2020. En conjunto, los documentos apuntan a una prestación del servicio considerada insuficiente, con riesgos para el bienestar animal y para la salud pública.

Denuncias de voluntarios y primeras actuaciones

Las investigaciones se intensificaron a partir de febrero de 2024, cuando varios voluntarios presentaron un dosier-denuncia ante el SEPRONA alertando de irregularidades en la atención a los animales y en las condiciones de las instalaciones. Ese mismo mes, la Guardia Civil realizó una inspección exhaustiva del centro, examinando perreras, almacenes, zonas de trabajo y documentación administrativa.

El atestado recoge ya entonces la detección de perros sin identificar mediante microchip, sin vacunación antirrábica en vigor y sin desparasitación obligatoria, además de la presencia de medicamentos caducados y deficiencias graves en la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones, siempre según la documentación que se elaboró en ese momento.

Animales sin control sanitario adecuado

Los informes municipales posteriores corroboran estos hechos. En visitas realizadas los días 27 de febrero, 10 de junio y 14 de junio de 2024, la Veterinaria Municipal constató la ausencia de pasaportes sanitarios y fichas clínicas de los animales, lo que impide verificar el cumplimiento de los tratamientos obligatorios exigidos por la normativa.

Durante estas inspecciones se documentaron numerosos casos de perros con largos periodos sin vacunación antirrábica y sin desparasitación, algunos de ellos durante más de uno, dos y hasta cuatro años. Los técnicos adviertieron de la falta de registros fiables y de una trazabilidad deficiente en el libro del núcleo zoológico, especialmente cuando las entradas y salidas de animales se producen en el mismo día.

Perros enfermos sin tratamiento veterinario

Una de las situaciones más preocupantes recogidas en los informes es la detección de dos perros con otohematomas derivados de otitis sin haber recibido tratamiento veterinario adecuado. En el caso de un bulldog francés, la lesión estaba ya cronificada cuando fue examinado en junio, pese a que la entidad gestora había solicitado semanas antes autorización municipal para una intervención quirúrgica y nunca aportó la documentación requerida.

En el caso de una perra de raza mastín con una patología similar, los informes reflejan la falta de actuación clínica y la inexistencia de fichas veterinarias en el centro. Los técnicos municipales señalaban entonces que las condiciones ambientales de los cheniles, con humedad persistente y suciedad, pueden actuar como factores predisponentes de este tipo de enfermedades.

Cheniles con humedad, moho y falta de limpieza

Las inspecciones municipales describeron por aquel entonces cheniles con acumulación de heces y orina, presencia de diarreas, suelos y paredes cubiertos por una capa verdosa de moho y algas, filtraciones de agua y grifos con fugas constantes. Asimismo, se constataba la existencia de puertas rotas, zonas de difícil limpieza y almacenes inundados por averías no reparadas en el sistema de bombeo.

Según los informes, la limpieza de las instalaciones se limitaba en muchos casos al uso de agua, sin desinfectantes, lo que supone un riesgo tanto para la sanidad animal como para la salud pública.

Medicamentos caducados y sin receta

Otra de las irregularidades reiteradamente señaladas es la tenencia de medicamentos de uso veterinario y humano sin receta, muchos de ellos caducados y almacenados junto a productos en uso. En las instalaciones se hallaron antibióticos, antiinflamatorios y otros fármacos, algunos conservados incluso en frigoríficos, sin documentación que justifique su prescripción o su correcta eliminación como residuos sanitarios.

Los técnicos municipales adviertieron entonces de que el uso indiscriminado de antimicrobianos, además de incumplir la normativa, puede favorecer resistencias bacterianas y suponer un riesgo para la salud pública.

Negativas reiteradas a la recogida de animales

A la situación interna del centro se sumaba en la etapa de los anteriores gestores un extenso historial de incidencias en el servicio de recogida de animales. La Policía Local de Palencia aportaba centenares de partes en los que se documentaban negativas de la protectora a recoger perros y gatos fuera del horario laboral, durante noches, fines de semana y festivos, incluso en situaciones de riesgo para los animales o para la seguridad vial.

En numerosas intervenciones, los agentes tuvieron que improvisar soluciones de emergencia, dejar a los animales al cuidado de particulares o recurrir a asociaciones y voluntarios ajenos al contrato municipal. Los informes policiales califican el servicio como claramente deficitario y generador de una carga adicional para los agentes.

Vehículos no autorizados y uso de voluntarios

Los partes policiales también recogían situaciones en las que la recogida de animales se realizaba con vehículos particulares de trabajadores o voluntarios, pese a que el pliego de condiciones obliga a disponer de vehículos adaptados y dedicados exclusivamente al servicio. En otros casos, las recogidas fueron asumidas íntegramente por voluntarios sin relación contractual con el Ayuntamiento.

Deficiencias en la gestión de colonias felinas

La documentación incorporaba asimismo advertencias sobre la gestión de colonias felinas en el municipio. La Policía Local y los servicios técnicos municipales señalaban la ausencia de mapas actualizados, censos, programas sanitarios y protocolos claros, a pesar de que la normativa obliga al Ayuntamiento, a través de la entidad adjudicataria, a disponer de esta información y a garantizar un control adecuado mediante el método de captura, esterilización y retorno.

Requerimiento municipal y posibles sanciones

Ante la presunta acumulación de irregularidades, el Ayuntamiento remitió en abril de 2024 un requerimiento formal exigiendo a Scooby toda la documentación relativa al servicio desde el 1 de enero de 2021, incluidos contratos de personal, informes veterinarios, facturación, registros sanitarios y planes de limpieza y manejo.

En agosto de 2024, el responsable municipal del contrato solicitó formalmente la tipificación y cuantificación de los incumplimientos detectados, tanto contractuales como relacionados con la Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Este paso abrió la puerta a la imposición de penalidades económicas, sanciones administrativas o medidas contractuales de mayor alcance.

Sobre la querella

La querella presentada por voluntarios se dirige contra el ingeniero industrial municipal que ejerce como responsable del contrato y jefe del Servicio de Medio Ambiente, al que se atribuye una posible inacción ante los problemas detectados en el servicio. No se acusa a la empresa, sino a quien tenía la obligación de controlar su funcionamiento desde el Ayuntamiento.

En el auto, del que informaba recientemente Diario Palentino, el juzgado considera que los hechos denunciados «presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de prevaricación» y acuerda «admitir a trámite la querella» e «incoar diligencias previas». En términos prácticos, esto supone el inicio de una investigación penal para determinar si hubo una actuación irregular con relevancia jurídica.