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Los graduados sociales de Palencia alertan del caos administrativo por la publicación tardía de las bases de cotización

El colectivo denuncia que la aprobación con efectos retroactivos obliga a rehacer miles de nóminas en pleno pico de carga de trabajo

Colegio Oficial de Graduados Sociales de Palencia

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Palencia

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Palencia ha denunciado públicamente los problemas que genera la publicación tardía de las bases de cotización a la Seguridad Social para 2026, aprobadas mediante Real Decreto el pasado 31 de marzo con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Según el colectivo, esta situación obliga a miles de despachos profesionales, asesorías laborales y departamentos de recursos humanos a rehacer nóminas y cotizaciones que ya habían sido correctamente calculadas.

La presidenta del Colegio, Andrea Castrillo Bercianos, ha advertido de que esta práctica se repite año tras año y supone una importante sobrecarga administrativa para los profesionales que aplican la normativa laboral. “Publicar las bases de cotización tres meses después de comenzar el año y con carácter retroactivo implica recalcular nóminas, revisar liquidaciones y volver a explicar cambios a empresas y trabajadores cuando el trabajo ya estaba hecho”, ha señalado.

Desde el Colegio destacan, además, que esta modificación normativa llega en uno de los momentos de mayor presión para los despachos, coincidiendo con el cierre del primer trimestre y el inicio de la campaña de la renta, lo que agrava aún más el impacto organizativo y económico para los profesionales del sector.

Los graduados sociales reclaman una mayor planificación normativa por parte de la Administración y reiteran la necesidad de que variables clave del sistema laboral, como el Salario Mínimo Interprofesional y las bases de cotización, se aprueben antes de finalizar el año anterior. A su juicio, comenzar el ejercicio con las reglas claras permitiría trabajar con normalidad desde el 1 de enero y evitar rehacer meses después trámites ya realizados.

“No es una cuestión política ni ideológica, sino de organización administrativa y de respeto al trabajo de los profesionales que aplican la normativa laboral cada día”, ha subrayado Castrillo, quien recuerda que la incertidumbre normativa se ha convertido en un problema recurrente para el sector.

 

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