El Análisis de la Semana: vehículos blindados sobredimensionados para la policía y rechazo de que alcalde y ediles del equipo de gobierno pierdan dinero

Aranda de Duero

El analista de la SER, Antonio Miguel Niño, ha realizado un exhaustivo y crítico repaso a la actualidad municipal de Aranda de Duero, poniendo el foco tanto en decisiones recientes del equipo de gobierno con la compra de vehículos para la policía local como en la remodelación interna del mismo y el discurso político del alcalde, Antonio Linaje.

Uno de los asuntos que centró buena parte de su análisis fue la reciente adquisición de nuevos vehículos para la Policía Local. Reconoció las prestaciones técnicas de los coches —“son los mejores coches patrulla que actualmente hay en este país”—, cuestionó con contundencia su idoneidad para el municipio. “¿De verdad la Policía Local de Aranda necesita ese tipo de vehículos para su labor? Yo honestamente pienso que no”, afirmó, insistiendo en que se trata de medios “sobredimensionadospara la ciudad en la que vivimos” que incluso presentan características propias de unidades de élite. “Son patrulleros que parecen ser para cuerpos de élite policial que se enfrentan a situaciones superpeligrosas”, añadió.

Niño también cargó contra el modelo de adquisición mediante renting, una fórmula que rechazó de plano para la administración pública. “Yo estoy en contra del rentingen las administraciones públicas”, aseguró, argumentando que este sistema convierte inversiones en gasto corriente y limita la capacidad patrimonial del Ayuntamiento. En este sentido, vinculó esta decisión con una forma de entender la gestión pública: “Gente que solamente cree en lo privado y no cree en lo público, lo privatiza absolutamente todo”. Además, puso cifras al coste del servicio, que cifró en unos 70.000 euros anuales, “casi 6.000 euros al mes por tener tres vehículos en alquiler durante cuatro años”, una cantidad que, a su juicio, “no parece una buena decisión ni proporcional”.

Más allá de los medios materiales, el analista defendió la labor del cuerpo policial, del que dijo que actualmente presta “un servicio muy eficaz y necesita de los medios que sean necesarios, de todo, pero este gasto es desproporcionado”, e insistió en la necesidad de ajustar mejor los recursos a las funciones reales que tiene encomendadas.

Preocupación por tener al alcalde al frente de Participación Ciudadana

En el plano político, Niño analizó la reciente remodelación del gobierno municipal, valorando positivamente algunos aspectos organizativos, como la concentración de áreas sociales en un único departamento, pero mostrando una especial preocupación por el papel que asumirá el alcalde en materia de participación ciudadana y barrios. “Si el alcalde se va a ocupar de participación ciudadana y de barrios, me preocupa seriamente”, advirtió.

Esa preocupación no se limita a una cuestión organizativa, sino que, según se desprende de su análisis, afecta al propio modelo de relación entre el Ayuntamiento y la ciudadanía. Niño vincula directamente esta inquietud con la trayectoria reciente del equipo de gobierno en ámbitos como la transparencia, el acceso a la información y el diálogo institucional. A su juicio, “la participación ciudadana exige precisamente lo contrario: apertura, anticipación informativa y canales efectivos de interlocución, elementos que considera que no se han consolidado en el actual mandato”.

En este contexto, el hecho de que sea el propio alcalde quien asuma estas competencias introduce, en su opinión, “un riesgo añadido. Por un lado, por la acumulación de poder y centralización de decisiones en una figura que ya concentra la máxima responsabilidad política. Y por otro, porque la participación ciudadana requiere, desde su punto de vista, perfiles con capacidad específica de mediación, escucha activa y construcción de consensos, algo que a la vista de la gestión reciente, no tiene”.

Niño apuntó además a ejemplos concretos que, a su entender, evidencian carencias en estos ámbitos, como la falta de actualización del organigrama municipal tras cambios recientes o los retrasos en la publicación de información institucional. “El organigrama sigue exactamente igual tras la salida del concejal de Podermos” o “llevan más de dos semanas sin publicar absolutamente nada” fueron algunos de los ejemplos que citó. Para el analista, estos déficits no son menores, ya que afectan directamente a la credibilidad de cualquier política de participación: sin información accesible y actualizada, sostiene, no puede existir una participación real y efectiva.

En la misma línea, cuestionó también la forma en la que se gestiona la comunicación institucional, denunciando una práctica que, a su juicio, desvirtúa el concepto de transparencia. “Me cabrea mucho que presuman de información cuando son decisiones políticas”, subrayó, dejando claro que no se trata de un problema técnico o administrativo, sino de voluntad política.

Por todo ello, su advertencia sobre la participación ciudadana no se plantea como una crítica aislada, sino como parte de un diagnóstico más amplio: la dificultad de articular mecanismos reales de implicación vecinal en un contexto donde, según su visión, no se están garantizando los mínimos de información, actualización y rendición de cuentas.

Demagogia en los sueldos de alcalde y concejales de gobierno

Pero uno de los momentos más duros de su análisis llegó al abordar las recientes declaraciones del alcalde en las que afirmaba que los miembros del equipo de gobierno —incluido él mismo— pierden dinero por su dedicación a la política municipal. Niño fue tajante al respecto: “Que me digan que hay concejales que pierden dinero… no me lo creo nada”.

El analista reconoció que en otros mandatos sí se han dado situaciones en las que cargos públicos han visto perjudicada su economía personal por su dedicación institucional, especialmente cuando solo percibían dietas o compatibilizaban su actividad profesional. Sin embargo, diferenció claramente ese contexto del actual. “Yo sí sé de mucha gente que ha perdido dinero en la actividad política, pero no en este mandato”, afirmó.

En su argumentación, apuntó directamente a las condiciones económicas actuales de los miembros del gobierno local, con sueldos y liberaciones que, en muchos casos, mejoran sus ingresos previos. Incluso señaló que el propio alcalde “ha más que duplicado el sueldo que tenía en su actividad privada”, cuestionando así la veracidad del mensaje trasladado públicamente. Para Niño, este tipo de declaraciones no solo son discutibles, sino que generan una percepción distorsionada de la realidad política municipal.

Con todo, su intervención dejó un diagnóstico claro: decisiones de gasto discutibles, dudas sobre el rumbo político en áreas clave como la participación ciudadana —especialmente por su concentración en la figura del alcalde— y una gestión de la información que, a su juicio, está lejos de los estándares de transparencia que se reclaman desde el propio gobierno.