El impacto de los macroproyectos energéticos, a debate en la Ribera del Duero: renovables sí, pero ¿cómo?

Ribera del Duero

El inicio de la tramitación de un proyecto mixto de generación de energía solar y eólica que podría afectar a varios municipios de la Ribera del Duero burgalesa ha trasladado al primer plano un debate de fondo que va más allá de un caso concreto. La implantación de grandes infraestructuras vinculadas a las energías renovables en el medio rural vuelve a poner sobre la mesa la pregunta sobre el impacto en el territorio, tanto económico como social y medioambiental y la capacidad real de los pueblos de participar en decisiones que afectan a su futuro. Ha sido el argumento de la tertulia “Al Abrigaño” en la que Manu Cereijo y Aurora Lázaro analizan en Radio Aranda la actualidad del medio rural ribereño.

Un modelo que genera desequilibrio territorial

Cereijo ha comenzado contextualizando con datos el desequilibrio territorial en el que inciden estos proyectos. Según las informaciones que ha recabado, en la provincia de Burgos se concentran actualmente 79 parques eólicos con cerca de 1.400 aerogeneradores, lo que la sitúa entre los territorios con mayor implantación de este tipo de infraestructuras. De hecho, es, junto a Lugo la segunda provincia con mayor implantación de estos elementos, tras Zaragoza. Frente a ello se sitúan las grandes áreas consumidoras de energía como Barcelona y Madrid. Mientras la provincia catalana sólo cuenta con cinco parques eólicos, la madrileña no alberga ni uno solo.

Proyectos que avanzan sin información local en sus inicios

Otro aspecto señalados por ambos es la sensación de falta de información en las fases iniciales de este tipo de iniciativas. Cereijo, vecino y edil de Fuentenebro, reconoció sentirse “preocupado, un tanto indignado y sobre todo por la falta de transparencia o de información con la que cuentan los ayuntamientos en este tipo de situaciones”. Y no por una oposición a las fuentes renovables de energía (cuya necesidad consideran ambos incuestionable) sino por la forma en que se distribuyen e impactan sobre el territorio. En palabras del propio Cereijo, “no estoy de acuerdo en que esto se haga a costa de destruir el futuro de nuestros pueblos”, en referencia al impacto que pueden tener sobre proyectos locales ya en marcha. Es el caso de los viñedos en altura de Fuentenebro y pueblos del entorno, que están siendo una prometedora apuesta de desarrollo económico, turístico y social, y que podría verse afectado por la implantación de una quincena de aerogeneradores.

Aurora Lázaro coincidió en ese diagnóstico, subrayando que la cuestión de fondo no es la energía en sí, sino su distribución y sus consecuencias. “No se trata tanto de si es buena o es mala, sino de la distribución… unos soportamos los costes y otros se llevan los beneficios”, afirmó, apuntando directamente a la falta de equilibrio territorial.

Que los pueblos tengan retorno de los beneficios de estos proyectos

Lázaro puso el acento en la necesidad de que estos proyectos dejen un retorno real en el territorio y cuestionó el modelo habitual de compensaciones. En este sentido, rechazó que se limiten a pagos económicos sin impacto duradero en la vida de los pueblos, porque “luego a lo mejor los dedican para hacer un frontón o una piscina cubierta. No, no se trata de eso”, subrayando que ese tipo de actuaciones no responden al cambio profundo que implican estas infraestructuras.

Frente a ese modelo, planteó alternativas que tengan un efecto directo y sostenido en la población. Así, defendió que los beneficios deberían repercutir en el día a día de los vecinos y de manera duradera o permanente. “¿Por qué no proporcionar casi gratis la electricidad a los habitantes de ese término municipal”, o establecer beneficios que “mantengan el futuro de ese municipio a través de servicios que necesite esa población”.

El escaso margen de actuación del territorio afectado

El debate también puso sobre la mesa la limitada capacidad de respuesta de los pequeños ayuntamientos frente a proyectos de gran envergadura. Como señaló Manu Cereijo, “tenemos un ayuntamiento que tiene una secretaria un día por semana por la mañana y un alguacil a media jornada… estos son los recursos con los que realmente contamos”, en contraste con iniciativas respaldadas por equipos técnicos y jurídicos especializados. Esta desigualdad de medios reduce en la práctica su margen de actuación y su capacidad de influir en las fases iniciales del proyecto, donde se definen aspectos clave.

A ello se suma la falta de una planificación global que ordene la implantación de este tipo de infraestructuras a escala territorial. Durante la tertulia se planteó la necesidad de establecer criterios claros y consensuados sobre dónde deben ubicar estos proyectos, teniendo en cuenta no solo factores técnicos o de producción energética, sino también el valor ambiental, los usos del suelo y los proyectos de desarrollo ya existentes en cada zona. “No hay una planificación para este tipo de cosas global en toda España”, señala Aurora Lázaro, quien reclama una ordenación más equilibrada que tenga en cuenta las características de cada territorio. Una planificación de este tipo, señaló, permitiría evitar la concentración de instalaciones en determinadas áreas del medio rural y reduciría parte del conflicto social que generan estas iniciativas, que en ocasiones provocan confrontación interna si unos vecinos se ven beneficiados por las compensaciones y otros no.

Ambos contertulios coincidieron en que el debate sobre el proyecto concreto que ha comenzado a dar sus pasos en la Ribera deja abiertas preguntas más generales sobre la implantación de energías renovables en el medio rural, su encaje en el territorio, el equilibrio entre intereses globales y locales y el papel que deben tener los pueblos en las decisiones que afectan a su futuro.