Condenada por proferir amenazas e insultos racistas a un niño de 10 años en un comedor escolar

Aranda de Duero

La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a 16 meses de prisión a una mujer por proferir amenazas e insultos racistas contra un niño de 10 años en el comedor escolar de una localidad del partido judicial de Aranda al que había acudido para recoger a otras niñas.

Según recoge la sentencia, los hechos ocurrieron en enero de 2024 cuando la acusada accedió al interior del comedor sin autorización y se dirigió al menor en presencia de otros 15 alumnos con expresiones como "hay aquí putos monos que les gusta comer plátanos" y tras coger unas tijeras que tenían los niños en una mesa pero sin llegar a esgrimirlas contra la víctima, se dirigió a él para decirle “Te voy a cortar los huevos y los voy a meter en una caja y se los voy a mandar a tu madre, me da igual que me metan en la cárcel, puto mono, puto negro”.

La sentencia, que no indica la existencia de ningún detonante previo para esta conducta, la atribuye en todo momento a la "animadversión y desprecio a las personas de raza negra” de la condenada de la que dice que actuó con la intención de “menoscabar la dignidad” de la víctima, así como de “amedrentar y generar miedo”. Según el tribunal las expresiones dirigidas al niño provocaron en él “sentimientos de humillación y desprecio” que supusieron un menoscabo de su dignidad. Fue la madre del menor quien denunció el episodio.

En estos hechos concurren tres delitos, según el tribunal: un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas en su modalidad de lesión de la dignidad por motivos raciales con el agravante de abuso de superioridad, al tratarse de una adulta frente a un niño; otro delito contra la integridad moral con la agravante de discriminación, así como un delito leve de amenazas.

Por todo ello, además de la pena de prisión, que la mujer no cumplirá al no tener antecedentes penales, el tribunal la obliga a indemnizar al niño con 2.000 euros por los daños morales causados. Así mismo le impone una orden de alejamiento del menor, al que no podrá acercarse a una distancia inferior a 100 metros, y le prohíbe comunicarse con él por cualquier medio, todo ello durante un periodo de 3 años. También la inhabilita para ejercer profesiones u oficios educativos, deportivos o de tiempo libre durante nueve años.

El tribunal acuerda la suspensión de la pena de prisión durante dos años, condicionada a que la condenada no vuelva a delinquir, abone la responsabilidad civil en los plazos fijados y participe en un programa formativo en materia de igualdad y no discriminación.