Ecologistas en Acción recurre la autorización ambiental de la planta de hidrógeno y amoniaco de Baltanás

Palencia

Ecologistas en Acción ha presentado un recurso de reposición contra la autorización ambiental concedida por la Junta de Castilla y León a la planta de producción de hidrógeno y amoniaco prevista en el término municipal de Baltanás. La instalación, promovida por la mercantil Green Capital Development 99 S.L.U., fue autorizada mediante resolución de 19 de enero de 2026 de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

Según la organización ecologista, la autorización incurre en una “irresponsabilidad manifiesta” al permitir la construcción de una instalación peligrosa a menos de 600 metros del núcleo urbano, una distancia que consideran insuficiente para garantizar la seguridad de la población.

RIESGO POR PROXIMIDAD AL NÚCLEO URBANO

La planta proyectada tendrá una capacidad de producción de casi 156.000 toneladas anuales de amoniaco, una sustancia catalogada como peligrosa. Ecologistas en Acción sostiene que, por estas características, la instalación debería estar sujeta al Real Decreto 840/2015, que transpone la Directiva Seveso sobre el control de los riesgos de accidentes graves.

Esta normativa establece distancias de seguridad para proteger a la población, incluidos centros escolares. En el caso de Baltanás, la planta se situaría no solo cerca del casco urbano, sino también del colegio comarcal de Educación Infantil y Primaria San Pedro, un aspecto que, a juicio del colectivo, no ha sido debidamente evaluado. La propia autorización ambiental reconoce que no pueden descartarse fugas de amoniaco, lo que incrementa el riesgo para los vecinos.

INCERTIDUMBRE SOBRE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

Otro de los puntos centrales del recurso es el origen del agua necesaria para el funcionamiento de la planta. La autorización ambiental aprobada señala que el suministro procederá de una captación directa del río Pisuerga y, de forma total o parcial, de aguas tratadas en estaciones depuradoras y potabilizadoras cercanas.

Sin embargo, Ecologistas en Acción denuncia que esta información contradice lo recogido en el Estudio de Impacto Ambiental sometido a información pública, donde se indicaba que el agua se obtendría de un sondeo de aguas subterráneas en la propia parcela industrial. La organización reclama que la autorización quede sin efecto hasta que se aclaren estos extremos y se someta la nueva propuesta a un nuevo periodo de información pública, acompañado de los informes técnicos y permisos del organismo de cuenca.

Además, alertan del impacto que podría tener una acometida de agua desde el río Pisuerga, situada a unos 14 kilómetros de distancia, así como del uso de recursos hídricos y de infraestructuras de depuración que dan servicio a otros municipios.

EMISIONES DE OLORES Y MOLESTIAS

La posible emisión de olores de amoniaco es otro de los aspectos cuestionados. Aunque los servicios técnicos de la Junta aseguran que en condiciones normales de funcionamiento no se producirán emisiones, el propio condicionado ambiental reconoce que podrían darse molestias evidentes y constatables para la población.

Para Ecologistas en Acción, esta contradicción demuestra que existe un riesgo real de afecciones por olores, lo que obligaría a adoptar medidas especiales de funcionamiento que no están suficientemente definidas.

PETICIONES A LA JUNTA Y AL AYUNTAMIENTO

La organización ha solicitado a la Consejería de Medio Ambiente que deje sin efecto la autorización ambiental concedida y ha pedido al Ayuntamiento de Baltanás acceso a diversa información ambiental. Entre otras cuestiones, quiere saber si existen informes municipales sobre la disponibilidad de agua para la planta, la capacidad de la red de saneamiento y de la EDAR para asumir los vertidos industriales, y si el planeamiento urbanístico permite la instalación de industrias peligrosas a tan escasa distancia del casco urbano.

Ecologistas en Acción insiste en que, tal y como está planteado el proyecto, no se garantizan las condiciones de seguridad exigidas por la normativa europea y estatal, y considera imprescindible una revisión en profundidad antes de permitir la puesta en marcha de la planta.