Condenado un funcionario de la CHD por falsificar documentos y por negociaciones prohibidas
El acusado aprovechó su cargo para asesorar de forma irregular a agricultores y cobrar por esas gestiones
Exterior del edificio de la Audiencia Provincial de Valladolid / Miriam Chacón (Ical)
La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a un funcionario de la Confederación Hidrográfica del Duero por negociaciones prohibidas a funcionarios y falsedad documental tras reconocer el ya condenado los hechos y alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
El acusado, técnico superior adscrito a la guardería fluvial de la CHD, aprovechó su cargo y el conocimiento de los procedimientos administrativos para asesorar de forma irregular a agricultores y propietarios de fincas, cobrar por esas gestiones e introducir en expedientes oficiales documentos falsos que simulaban haber sido elaborados y firmados por ingenieros agrónomos.
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Los hechos se produjeron entre 2015 y 2020, principalmente en la provincia de Zamora, aunque también afectaron a expedientes tramitados desde la sede de la Confederación en Valladolid.
El funcionario carecía de habilitación para redactar proyectos técnicos o intervenir en este tipo de procedimientos, pero utilizó su posición para acceder a información y facilitar trámites relacionados con aprovechamientos y captaciones de aguas subterráneas, así como alegaciones en expedientes sancionadores.
Cobros indebidos
Según recoge la sentencia, el acusado llegó a cobrar distintas cantidades de dinero, desde 150 hasta 3.000 euros, por la tramitación de autorizaciones, regularizaciones y modificaciones de concesiones de agua.
En varios casos, incorporó a los expedientes memorias técnicas y proyectos falsificados, atribuidos a ingenieros que en realidad no habían intervenido ni firmado dichos documentos. La investigación acreditó al menos siete proyectos falsamente atribuidos a un ingeniero técnico agrícola y otros doce a otra ingeniería.
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Hora 14 Valladolid (24/04/2026)
El funcionario también asesoró a personas a las que previamente había sancionado en el ejercicio de sus funciones e incluso redactó alegaciones en procedimientos sancionadores, incurriendo así en un claro conflicto de intereses.
Reconocimiento de los hechos
El acusado reconoció los hechos y se declaró culpable, lo que permitió evitar la celebración del juicio. La Audiencia dictó sentencia atendiendo a ese reconocimiento, apreciando además las atenuantes de confesión y dilaciones indebidas, ya que el procedimiento estuvo paralizado durante varios meses por causas ajenas al acusado.
La condena impuesta incluye seis meses de prisión por el delito continuado de falsedad en documento oficial, multa y suspensión de empleo público durante un año, además del pago de las costas judiciales.
La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
