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La Generalitat no actuará para solucionar los obstáculos de Ripoll para que los migrantes se empadronen

El director general para la Promoción de los Derechos Humanos de la Generalitat dice que en cualquier caso, deberían ser los mismos afectados que lo denuncien

Ajuntament de Ripoll. / ACN

La Generalitat de Cataluña no actuará de momento para solucionar los obstáculos burocráticos que el Ayuntamiento de Ripoll está poniendo a la población inmigrante para empadronarse. Como explica El Periódico en un artículo, el consistorio -en manos de la ultraderechista, Sílvia Orriols (Aliança Catalana)- está alargando los trámites de empadronamiento hasta los tres meses, el tiempo máximo que permite la ley. Durante este período, las personas afectadas no tienen acceso a servicios básicos como la sanidad o la escolarización. Adam Majó, director general para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, ha explicado que "lo lógico sería que entrara en vía judicial a la persona afectada. En tres meses, el Ayuntamiento tiene la obligación de responder" apunta. "Para entrar nosotros necesitaríamos pruebas evidentes y no es tan fácil". El director también ha recordado que tanto ayuntamientos como entidades pueden dirigirse a los servicios jurídicos de la Generalitat para resolver estos casos.

Majó ha animado a todos los ayuntamientos a tener una visión del padrón "amplia". "Empadronar de forma restrictiva y dejar una parte de los vecinos fuera del padrón perjudica a estos vecinos, pero también al conjunto del municipio y al Ayuntamiento que no podrá aplicar las actuaciones necesarias para no tener contabilizadas a estas personas" apuntó.

Según el director general, en los casos en que los Ayuntamientos no son ágiles en el empadronamiento es por "falta de medios técnicos". Por eso, están haciendo formaciones a técnicos municipales, por los casos de empadronamientos que generan dudas y problemas.

Escucha la entrevista entera a Adam Majó, director general para la promoción y defensa de los derechos humanos de la Generalitat, aquí:

Adam Majó, DG de promoció i defensa dels Drets Humans de la Generalitat