El juez del caso Pegasus pedirá el móvil a Aragonès esta semana y no archiva el caso
El juez de Barcelona que investiga el espionaje de Estado al presidente de Catalunya descarta archivar el caso, que es lo que pedía la Fiscalía
Pere Aragonès atiende a los medios / Andreu Dalmau (EFE)
Barcelona
El juez de Barcelona que investiga el espionaje de Estado al presidente de Catalunya, Pere Aragonès, le ordenará hoy o mañana que entregue su teléfono móvil a los Mossos d'Esquadra para que la policía determine si el espionaje empezó en el 2018, como sostiene al jefe del ejecutivo catalán, o si empezó en el 2019, como sostiene la exdirectora del CNI, Paz Esteban. Así lo informan fuentes judiciales en SER Catalunya. El objetivo es saber si el espionaje comenzó antes o después del permiso judicial para realizarlo, que se obtuvo en julio de 2019 por parte del Tribunal Supremo. Además, el magistrado ha denegado la petición de archivo del caso realizado por la Fiscalía el pasado mes de abril y se propone seguir investigando el caso.
La exdirectora del CNI, Paz Esteban, sostiene, y así lo explicó al juez, que el CNI espió a Aragonés entre julio de 2019 y marzo de 2020 y que lo hizo con autorización judicial del Tribunal Supremo. Aragonés, en cambio, sostiene que, según un informe de la empresa de ciberseguridad Citizen Lab, el espionaje empezó en julio de 2018, un año antes de que el CNI obtuviera permiso judicial para ello.
Para aclararlo, el juez que investiga el caso -el titular del juzgado número 29 de Instrucción de Barcelona- ordenará hoy o mañana a Aragonès que entregue su móvil personal a los Mossos d'Esquadra para que hagan un peritaje informático oficial y señalen cuál fue realmente la primera fecha de infección del terminal. De confirmarse que el espionaje comenzó antes del permiso judicial, el juez tendría indicios de que el CNI y Paz Esteban habrían podido cometer un delito de descubrimiento y un delito de revelación de secretos.
De hecho, si la infección hubiera comenzado en el 2018, el magistrado se plantearía imputar también a Fèlix Sanz-Roldan, director del CNI en aquella época.
De confirmarse que el espionaje comenzó en julio de 2018, el CNI -y, por tanto, el gobierno español- pudo tener acceso a las conversaciones y contenidos del móvil de Aragonés durante varios períodos políticamente sensibles. En julio de 2018, Aragonès era vicepresidente del gobierno Torra y participó en negociaciones como la de la moción de censura en el último gobierno de Rajoy, de la primera investidura de Sánchez, la aprobación de varios presupuestos estatales y catalanes y la constitución de la mesa de diálogo entre el estado y el gobierno catalán.
El día que Aragonès declaró por esta causa denunció que esto suponía espiar a todos los catalanes. "Nos han espiado a todos. Iré hasta el final de esta querella para impedir que esto vuelva a repetirse", declaró el presidente a la salida del juzgado el pasado 17 de diciembre.
Según fuentes judiciales, Aragonès, que inicialmente era reacio a entregar su móvil a los Mossos, está ahora de acuerdo con la medida del juez y entregará el terminal a los Mossos cuando reciba la orden del juez.
Además, fuentes judiciales aseguran a SER Catalunya, que el juez de instrucción archivó la petición de archivo que realizó la fiscalía el pasado abril y que tiene intención de mantener la investigación.
