Puigdemont prevé un retorno clandestino para llegar al Parlament y dinamitar el pleno de investidura de Salvador Illa

Barcelona

En las últimas semanas, Carles Puigdemont ha repetido por activa y por pasiva que volverá para estar en su escaño del Parlament de Cataluña el día del debate de investidura, tras casi siete años en el extranjero driblando las causas judiciales abiertas contra él por el Procés independentista. Si finalmente cumple con su palabra, el retorno del expresident, y su más que probable detención, dinamitarán el pleno que serviría para hacer president de la Generalitat al socialista Salvador Illa, suspendiendo la votación de un debate que, según varias fuentes consultadas, previsiblemente se celebrará este jueves.

Mientras que hace unas semanas, el entorno de Puigdemont planeaba un retorno televisado en una caravana mediática, e incluso se planteó la posibilidad de movilizar a una cadena humana, en los últimos días, según varias fuentes, han optado por un retorno clandestino que permita al expresident llegar al Parlament de Cataluña. En Junts confían en que si Puigdemont logra acceder a la cámara catalana no van a poder detenerle porque la normativa del Parlament impide el arresto de los diputados que gozan de inmunidad. Aun así, todos los expertos consultados, catedráticos de derecho penal, constitucional y procesal, aseguran que ese protocolo es papel mojado ante una orden de arresto vigente del Tribunal Supremo.

"Dentro del Parlament lo único que debe hacer la autoridad judicial es pasarle recado de atención al presidente de la cámara. Después de presentarse y mostrar la orden judicial, el president del Parlament no puede oponerse a esa detención", asegura a la SER el catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Barcelona, Jordi Nieva-Fenoll. "Si fuera defensa de Puigdemont no me fiaría de una visión de la imunidad parlamentaria de máximos", añade el también catedrático de Derecho Constitucional, Xavier Arbós. "La immunidad parlamentaria protege contra detenciones impulsadas por la policía pero no por detenciones ordenadas por un juez y más todavía cuando se trata de un caso que ya ha sido sentenciado", concluye el también constitucionalista, profesor de la Universitat de Girona, Miguel Ángel Cabellos.

Mientras corre la cuenta atrás para su retorno, aumenta el secretismo en el entorno de Puigdemont y, también, el nerviosismo entre algunas fuentes policiales. Solo el núcleo más próximo al expresident conoce los detalles de una operación que se ofrece como el último gran obstáculo al que tendrá que enfrentarse Salvador Illa para acceder a la Generalitat y que entraña un alto riesgo personal para Puigdemont, ya que le llevará previsiblemente a prisión provisional. Los postconvergentes esperan que ese movimiento logre reavivar el aliento independentista.

Dispositivo de detención y escenario judicial

"Tan pronto como cruce la frontera será detenido", pronostica Nieva-Fenoll. Y es que Puigdemont tiene una orden nacional de detención dictada por el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, instructor de la causa del Procés. Tras la derogación de la sedición, a Puigdemont se le acusa de desobediencia y malversación en su tipo agravado, un delito, este último, que se castiga con hasta 12 años de cárcel.

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La comisaría de información de los Mossos d'Esquadra tiene ya un dispositivo preparado, según fuentes al corriente, para detener a Puigdemont antes de que este entre en el Parlament. El jefe de esa comisaría se ha puesto ya en contacto con el abogado del expresident, Gonzalo Boye, para intentar averiguar sus planes y pactar un arresto en el que, según su entorno, has descartado colaborar. Esas mismas fuentes aseguran que el propio conseller de Interior se ha puesto en contacto con el entorno del expresident, aunque tanto Interior como Boye ya lo han desmentido. Aunque se espera que sean los Mossos quienes, llegado el caso, detengan al expresident, lo cierto es que cualquier cuerpo policial, también Guardia Civil y Policía Nacional, podrían detenerle en cuanto tengan conocimiento de que ha entrado en España.

Algunas fuentes policiales admiten que su localización inmediata no es tan sencilla como puede parecer, dado que no hay control fronterizo con Francia y tampo existe en este momento, en principio, ningún sistema de geolocalización sobre el expresident (tipo baliza o pinchazo telefónico) que permita ubicarle con facilidad. Otras fuentes policiales especulan incluso con la posibilidad de que Puigdemont ya haya entrado en territorio nacional. A partir del momento en que los Mossos tengan conocimiento de que está en Cataluña procederán a consultar al Supremo si deben ejecutar la orden pendiente. En caso de luz verde, procederán al arresto del expresident para ponerle a disposición del juzgado de guardia del partido judicial en el que se encuentren.

Lo habitual en estos casos es que el juez de guardia se ponga en contacto con el instructor, en este caso el Tribunal Supremo, para que éste decida si el detenido debe ser trasladado a Madrid para pasar a disposición del Supremo o si lo hace en el mismo juzgado de guardia, como pasó en el caso de la exconsejera Clara Ponsatí, puesta en libertad horas después de su arresto en el centro de Barcelona. En el caso de Puigdemont, es más complicado que se siga el esquema de Ponsatí, dado que ella estaba acusada solo de desobediencia (que no implica penas de prisión) a diferencia del expresident. Para que ingrese en prisión preventiva por riesgo de fuga, lo tendría que pedir una de las partes. Se da por hecho que Vox lo solicitará.

La prisión preventiva aceleraría el pronunciamiento del Constitucional sobre la amnistía

En caso de ingresar en prisión preventiva, la defensa de Puigdemont puede acabar acelerando el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) sobre la amnistía. Tras los recursos ordinarios, su abogado puede protestar también en un recurso de amparo al TC sobre si se le ha de aplicar o no la amnistía. Los magistrados no tienen que entrar en el fondo del asunto de forma inmediata, pero sí decidir si le dejan cautelarmente en libertad. Ese paso le permitiría agilizar considerablemente su recorrido judicial, aunque a riesgo, eso sí, de pasar "de días a meses o años" en prisión, según los cálculos de expertos.