Una jueza de Barcelona paraliza también la eutanasia a un hombre que ha sufrido tres ictus y dos infartos desde 2020

Barcelona

A la ley de la eutanasia le ha salido una grieta en Barcelona. La misma jueza del Juzgado Contencioso-Administrativo 12 de la capital catalana ha paralizado temporalmente la muerte asistida de dos pacientes que habían recibido el aval médico y del Comité de Evaluación y Garantías de la Generalitat, encargado de avalar o descartar la eutanasia, a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña resuelva el fondo del asunto.

El primer caso es el de una joven de 23 años con una lesión medular y el segundo, según puede ha podido saber la Cadena SER, es el de un hombre de 54 años con importantes secuelas médicas tras sufrir al menos tres ictus y dos infartos en los últimos años. En ambos casos, han sido los padres de los pacientes quienes han recurrido a la justicia para evitar la muerte asistida de sus hijos.

El pasado 18 de julio, hace casi un mes, el Comité de Evaluación dio el visto bueno a la eutanasia de este hombre de 54 años y ordenó su aplicación. Hacía un año que le daba vueltas al asunto, cuando finalmente pidió a su médico que iniciara el proceso de muerte asistida. El hombre ha sufrido tres ictus y dos infartos en 2020, 2021, 2022 (y un cuarto ictus en 2024, después de dejar la medicación). De ello se han derivado importantes secuelas que afectan a su movilidad y habla.

Según se deriva de los informes médicos, el hombre tiene afasia (lo que le dificulta hablar), no puede escribir sin ayuda, le cuesta seguir el hilo de frases largas y, aunque comprende lo que se le dice, no puede mantener una conversación con normalidad. Tampoco puede conducir ni moverse sin ayuda del bastón. Por eso, pese a todos los tratamientos, expresó a los médicos que "no se gusta" y que "a raíz de su discapacidad no le encuentra sentido a la vida". Narró a los sanitarios que tiene mucho miedo al sufrimiento y que, "bajo ningún concepto, quiere llegar a tener más discapacidad".

El padre recurrió pidiendo paralizar la eutanasia

Tras recibir el aval médico a la eutanasia, el padre del paciente recurrió ante el juzgado contencioso. Alegó que su hijo sufre problemas de salud mental y que, pese a que es cierto que siente dolor, cree que con el debido tratamiento y pautas médicas puede sobrellevarlo. Los médicos que evaluaron a su hijo, el solicitante de eutanasia, han descartado cualquier patología mental.

"Durante la entrevista, el paciente no muestra ninguna alteración cognitiva, entendiendo que es completamente apto para tomar decisiones", aseguraron. "Desde el punto de vista de diagnóstico psiquiátrico, no presenta síntomas de esfera anímica. No tiene criterios de diagnóstico de depresión u otros trastornos", añadieron.

Igual que en el caso de la joven de 23 años, la magistrada ha aceptado las medidas cautelares y ha paralizado el proceso de eutanasia a la espera de resolver sobre el fondo del asunto. Como también sucedió con el caso anterior, la jueza ha dado la razón a la fiscalía y a los abogados de la Generalitat y ha derivado el caso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que deberá decidir si tumba o no la muerte digna a ambos pacientes. De hacerlo, sería la primera vez en la historia de España que la justicia anula un proceso de muerte asistida que había recibido todos los avales médicos.

En manos del TSJC: Sobre la legitimidad de los familiares

No es la primera vez que una eutanasia se decide en un juzgado. Pero hasta ahora siempre era al revés: alguien pide morir y los expertos o los médicos lo rechazan, y el paciente lo recurre alegando una vulneración de sus derechos fundamentales. En los casos que se estudian ahora, los médicos y expertos de la Generalitat ya han dado el permiso para la aplicación de la eutanasia, y el debate legal que esto plantea es si alguien -sea quien sea: un padre, una pareja- puede impedir el proceso que ha decidido una persona.

Los abogados de la Generalitat creen que no. Que los padres de ambos solicitantes no tienen legitimidad para recurrir la eutanasia de un tercero, aunque sean sus hijos, en un procedimiento por vulneración de derechos fundamentales dado que estos derechos fundamentales, como la decisión de morir dignamente, son únicos y exclusivos de quienes han pedido la muerte asistida.