La fiscalía de Barcelona defiende que los familiares de solicitantes de eutanasia puedan recurrir ante el juez

Barcelona

La Fiscalía de Barcelona ha recurrido la eutanasia a un hombre de 54 años que pedía morir después de sufrir cuatro ictus y dos infartos en pocos años. Los médicos y expertos le concedieron la muerte digna este verano, pero su padre, de 93 años, lo recurrió ante el juez. Tras casi cuatro meses con la muerte asistida paralizada, la justicia hace un mes le dio la razón, concediéndole la muerte asistida. Pero, ahora, la fiscalía se ha opuesto y ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El ministerio público quiere que el proceso judicial siga, de acuerdo con lo que pide el padre, para estudiar a fondo si el paciente cumple con los requisitos para morir dignamente. Según avanzan fuentes jurídicasa la SER, la Generalitat se opondrá a la fiscalía para que el paciente pueda recibir cuanto antes la muerte digna, como desea.

La fiscalía ha recurrido la decisión de la jueza de lo contencioso que descartó el asunto considerando que el padre del paciente no estaba legitimado, dado que el solicitante de la eutanasia, de 54 años, es "una persona mayor de edad y capaz para ejercer de forma libre todos los derechos que las leyes le reconocen". La jueza escribía que aceptar la personación del padre implicaría que "cualquier resolución podría ser impugnada por parte de los familiares, llegando a ser [la eutanasia] una prestación ilusoria y sin eficacia, o al menos con una eficacia demorada", como, a la práctica se ha producido en este caso.

La fiscalía coincide con el resto de las partes en que "la eutanasia es una decisión eminentemente personal", pero considera que el aval de los médicos y expertos de la Comisión de Garantías debe poder ser fiscalizada por el poder judicial y que los familiares de solicitantes de la eutanasia deben estar legitimados para oponerse y llevar la muerte asistida ante la justicia. "A nuestro juicio", escribe la fiscal en el recurso al que ha accedido la Cadena SER, "tanto en este caso como con carácter general, el control judicial" debe ser considerado "la máxima garantía".

Para la fiscalía, los familiares están legitimados en este tipo de procesos por ser "personas del entorno cercano al afectado que puedan conocer su evolución y circunstancias y, por tanto, estén en condiciones de discutir o poner en duda las premisas fácticas y los requisitos sobre los que se asienta el referido derecho prestacional". Según el ministerio público, "no se trata en modo alguno de confrontar o primar la opinión de un familiar respecto a la libre decisión del solicitante a la prestación de ayuda a morir", sino de comprobar sus "objeciones o dudas sobre el cumplimiento de los requisitos" para la muerte digna.

La fiscalía cuestiona la capacidad de decisión del paciente

Esos requisitos son fundamentalmente que el paciente esté consciente y de su consentimiento libremente a la aplicación de la eutanasia y que sufra un dolor crónico o imposibilitante así como una enfermedad incurable. La fiscalía se agarra a las alegaciones del padre y a un informe forense y otros de servicios sociales para poner en duda el primer requisito. Según servicios sociales, el hombre sufre una "depresión desde que se separó" y vive con su padre en espacios separados de una misma vivienda. De hecho, el padre, percibe una prestación de dependencia de alrededor de 150 euros mensuales como cuidador de su hijo.

Según el informe forense de discapacidad iniciado este mes de noviembre, el hijo "presenta ictus isquémicos de repetición con secuela de disartria, cardiopatía isquémica con triple bypass coronario y pluripatología que provocan una afectación en el funcionamiento de los principales dominios cognoscitivos (atención, funciones ejecutivas, memoria y percepción) que resultan necesarias para su propia autonomía, controlar su propia conducta y condiciona su capacidad de poder tomar decisiones". El informe forense también señala que las patologías que padece han afectado "su capacidad de entender y expresar su voluntad, deseos y preferencias".

Por todo ello, la fiscal pide entrar en el fondo del asunto, que se celebre un juicio y se examinen las pruebas para poder decidir si el paciente es una persona "capaz". "Lo lógico y prudente hubiera sido la continuación del procedimiento y su resolución en sentencia", como ha pasado con el otro caso abierto, el que afecta a una joven de 23 años cuyo padre, de la mano de la entidad ultracatólica abogados cristianos, también pidió paralizar la eutanasia de su hija.

La asociación Derecho a Morir Dignamente: "Es cruel y desproporcionado"

La asociación Derecho a Morir Dignamente ha emitido un comunicado alarmados por el posicionamiento de la Fiscalía: "La misión del Ministerio Fiscal es promover la acción de justicia en defensa de los derechos de la ciudadanía", critica la entidad. "Es escandaloso que la Fiscalía solicite impedir el ejercicio del derecho a la prestación de ayuda para morir después de que el solicitante haya completado una tramitación legal, considerada como la más garantista del mundo".

La entidad recuerda el dolor que supone para los pacientes con patologías de este tipo alargar un proceso como el de la eutanasia: "esta persona ha pasado por un largo proceso antes de que fuera autorizada la eutanasia, ha demostrado su competencia y que está en uno de los dos contextos eutanásicos, una enfermedad grave incurable o una situación de sufrimiento insoportable; pasar el filtro de tres médicos y una Comisión de Garantía y Evaluación formada por reconocidos expertos en medicina, legislación y bioética", añade su presidenta en Cataluña, Cristina Vallès. "Ante este derecho fundamental, proponer que por cuestiones procesales no se respete la voluntad de morir de una persona que vive en un contexto eutanásico, es cruel y absolutamente desproporcionado", concluye la asociación.