El Govern admite que es necesaria "una transformación profunda" en la DGAIA tras el caso del 'Pelicot catalán'

Barcelona

"Es evidente que la DGAIA necesita una transformación profunda y esto ha sido evidente durante muchos años". De esta manera tan contundente se ha expresado la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez, en referencia al caso de la niña tutelada por la Generalitat que fue violada de manera sistemática y que adelantó SER Catalunya.

Martínez ha anunciado que el Gobierno se personará como acusación popular en el caso de la menor tutelada víctima de una trama de prostitución y pederastia. "Queremos llegar hasta el final", ha dicho. La consejera ha expresado su "rotundo rechazo" a los hechos "escalofriantes e inaceptables" que han vuelto a la palestra pública esta semana, cuando SER Catalunya explicó que el escrito de la fiscalía pide más de 100 años de prisión para el cabecilla de la trama. La principal víctima fue una niña de 12 años que estaba tutelada por la DGAIA.

"Debemos revisar todos los protocolos para asegurarnos de que hechos como estos no vuelvan a ocurrir nunca más", ha dicho la consejera, quien ha asegurado que el Gobierno está comprometido con la máxima transparencia. Como ya anunció el departamento ayer, se ha abierto un expediente informativo para valorar todos los hechos, repasar la cronología e "identificar los espacios de mejora". Paralelamente, la consejera ha solicitado su comparecencia en el Parlamento para dar las "explicaciones necesarias y explicar los ámbitos y acciones correctivas necesarias".

Defiende a los trabajadores sociales

La consejera también ha aprovechado para valorar el trabajo de los cientos de servidores públicos que trabajan desde la administración pública y desde las entidades para proteger a los menores, y ha asegurado que el Gobierno será contundente ante los intentos de desprestigiar el trabajo que realizan estos profesionales.

También ha hecho un llamamiento a la prudencia para evitar la revictimización de la joven víctima, en este caso "tan escalofriante". En este sentido, la responsable de Derechos Sociales ha pedido preservar su intimidad y no hacerla pasar por un nuevo calvario después de todo lo que tuvo que vivir.

La DGAIA, también en el punto de mira por contrataciones ilícitas

Por otro lado, también se ha referido al cuestionamiento de la acción de la DGAIA en temas de contratación entre 2016 y 2020, y ha recordado que el departamento ha solicitado una auditoría completa para identificar "todas las acciones correctivas necesarias".

La DGAIA está siendo investigada por Antifraude por la mala gestión de algunas ayudas a jóvenes extutelados. Hace un año, la Sindicatura de Cuentas ya alertó de contratos prorrogados de forma irregular y hace unos meses Antifraude recibió la denuncia de un trabajador de la DGAIA asegurando que algunos jóvenes extutelados seguían cobrando ayudas a pesar de vivir y trabajar fuera de Cataluña, o que las entidades que los tutelaban también seguían recibiendo ayudas a pesar de que ya no los estuvieran ayudando.

Un educador social de la DGAIA denunció internamente las irregularidades. Como no le hicieron caso y le dijeron que no harían nada, grabó algunas conversaciones y llevó el caso a Antifraude, que lo declaró alertador protegido para que no tuviera represalias laborales. Cuando se hizo público el caso, otros trabajadores denunciaron situaciones similares, y la situación también ha sido denunciada ante la Síndica de Greuges de Cataluña e Inspección de Trabajo.