La Generalitat refunda el sistema de protección de menores después del caso de la niña violada: quita poder a la institución que gestiona los centros de tutela

Barcelona

El Govern catalán resta poder a la DGAIA, la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia. Según ha sabido la SER, la Conselleria de Derechos Sociales ha retirado a la DGAIA las competencias en la concesión de ayudas y contrataciones. Lo hace tras la crisis abierta por las investigaciones sobre irregularidades en prestaciones a extutelados por parte de fundaciones subcontratadas, y especialmente por el caso —avanzado por la SER— de violaciones y prostitución de una menor tutelada de 12 años. Para evitar nuevos abusos y agilizar la detección, la conselleria pretende reforzar la prevención y potenciar los protocolos y convenios establecidos con los Mossos d'Esquadra.

El Govern quiere "desactivar y refundar la DGAIA", según fuentes del propio ejecutivo. De momento, la conselleria ya le ha retirado la potestad de conceder prestaciones y contratar servicios o personal externalizado. De estas tareas se encargarán a partir de ahora otras direcciones generales ya existentes dentro del Departamento de Derechos Sociales. Para ello, el Govern prevé un ligero incremento de personal, según las mismas fuentes.

Esta medida se toma a raíz del informe de la Oficina Antifraude Catalana, que investiga irregularidades en ayudas a extutelados, y de la auditoría encargada por el Departament, que ya ha empezado a aplicarse. Están bajo sospecha varias empresas subcontratadas que supuestamente renovaban ayudas de forma ilícita, gestionando prestaciones a usuarios que ya no tenían derecho a recibirlas.

Este es el primer paso de la "transformación profunda de la DGAIA" anunciada por la consellera Mónica Martínez Bravo y otros miembros del Govern, quienes también han reclamado una "reforma de arriba a abajo". Durante la crisis abierta desde que la SER informara de la red de pederastia de Barcelona, el presidente Salvador Illa incluso ha anunciado que estudiarán si la decisión final de retirar custodias de menores debe recaer en jueces y no en funcionarios de la DGAIA como hasta ahora.

Reforzar la prevención contra los abusos

Para prevenir abusos sexuales u otras conductas violentas, como las que ha sufrido la niña de 12 años violada y prostituida por una red de pederastas mientras estaba en un centro de menores, Derechos Sociales quiere potenciar la prevención poniendo el acento en los protocolos y los convenios existentes de colaboración con los Mossos d’Esquadra.

El caso de la menor adelantado por SER CATALUNYA hizo saltar las alarmas, pero en las últimas semanas varios educadores sociales han roto el silencio para advertir que este no es un caso aislado. Explican que la crudeza de esta trama es excepcional, pero no lo es el hecho de que menores a cargo de la Generalitat sean víctimas de abusos sexuales.

Varios trabajadores de la DGAIA consultados por esta redacción explican que, debido a la gran vulnerabilidad de estos jóvenes, muchos aceptan tener relaciones sexuales a cambio de dinero, drogas o regalos. Además, aseguran que la precarización de los educadores que trabajan en centros subcontratados de gestión privada conlleva una gran movilidad que afecta directamente a los menores.

“Los educadores cambian cada pocos meses; esto hace que los niños no establezcan vínculos de confianza, no expliquen qué les pasa, y lo acaben viviendo como un nuevo abandono”, explica a la SER un trabajador de la DGAIA con más de 30 años de experiencia en contacto con niños y adolescentes tutelados.

Cambio de nombre

En la rueda de prensa de esta mañana, el Govern ha confirmado que ha decidido cambiar el nombre a la DGAIA y dividir las competencias de esta dirección general en dos diferentes: una enfocada a la prevención y otra a la protección de los menores que tiene bajo su tutela, que ahora mismo son unos 8.800.

Habrá también dos oficinas de control que realizarán un seguimiento exhaustivo de todas las tareas que tendrán estas dos nuevas direcciones generales. Son las principales medidas que ha detallado la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, tras la crisis abierta por el caso de violaciones reiteradas que avanzó SER Catalunya.

También se centrarán esfuerzos en hacer prevención de conflictos y abusos en redes sociales y un plan para encontrar familias acogedoras y, de esta forma, no virar tantos recursos y plazas hacia los centros.