Defensa catalana del "principio de ordinalidad" y modelo "generalizable" a otras comunidades: las claves del pacto para la financiación de Cataluña

Barcelona

La apuesta por la financiación “singular” de Cataluña se ha convertido este lunes en un compromiso entre gobiernos. La reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat celebrada en Barcelona ha dado el primer paso para dar cumplimiento al pacto entre ERC y el PSC que permitió la investidura de Salvador Illa.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se reunieron junto a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón; y los consejeros de la Generalitat Albert Dalmau (Presidencia) y Alicia Romero (Economía y Finanzas) para dar solemnidad al acuerdo para la financiación singular de Cataluña.

Ángel Víctor Torres: "Queremos llevar las reformas legislativas lo antes posible"

"Queremos llevar las reformas legislativas lo antes posible, y después del verano queremos llevar el nuevo modelo de financiación al Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha dicho el ministro Ángel Víctor Torres tras la reunión.

Torres, que se ha felicitado por el acuerdo exhibido con el ejecutivo de Salvador Illa, ha destacado que se han puesto los cimientos del nuevo modelo. Se reconoce la bilateralidad de la relación con Cataluña, a la vez que se detalla que habrá debate en los "espacios de multilateralidad" y se trabaja en un "sistema tributario federal".

"Nos comprometemos a trabajar por el despliegue de la Hacienda catalana para que recaude los tributos empezando por el IRPF", ha dicho Torres. El pacto suscrito este lunes reconoce la “singularidad” de Cataluña y prevé "una aportación solidaria transparente" de la Generalitat.

EP

Dalmau: "Un cambio de paradigma"

Albert Dalmau ha señalado tras firmar el acuerdo que estamos ante "un cambio de paradigma que pasa de un modelo basado en los ingresos, en la corresponsabilidad, respetando el principio de ordinalidad y solidaridad".

En el encuentro se han rubricado los principios del nuevo modelo de financiación autonómica, que debe permitir que Cataluña recaude, gestione, liquide e inspeccione de manera progresiva los impuestos de sus contribuyentes, empezando por el IRPF, en coordinación con la Agencia Tributaria.

El documento del acuerdo que se ha validado, que adelantó la SER, detalla la voluntad de respetar el “principio de ordinalidad" -una vez articulada la cuota de solidaridad de la Generalitat al conjunto del Estado- y será "generalizable" a otras comunidades autónomas.

El texto, perfilado en las últimas semanas y de cuatro páginas, persigue múltiples equilibrios: dar salida institucional al acuerdo con ERC y reconocer las "elementos de singularidad indiscutibles" de Cataluña que "deben ser tratados de forma bilateral” y, a la vez, no inquietar en exceso a otras comunidades, ya sean gobernadas por el PSOE o el PP. Por eso, el documento que se presentará en Barcelona recuerda que el "abordaje" bilateral de la nueva financiación catalana para atender "sus mayores niveles de autogobierno" -como los Mossos d’Esquadra o la gestión de las prisiones- no irá "en perjuicio de su participación en espacios de multilateralidad".

En la reunión, con la presencia del ministro Ángel Víctor Torres, se ha detallado las líneas maestras del nuevo modelo de financiación, caducado desde 2014, sin fijar todavía la aportación económica del Estado al nuevo modelo ni la cuota de solidaridad de la Generalitat. Las intenciones en esta cuestión quedan reflejadas así en el pacto: “Cataluña considera que esta aportación debe ser calculada, de manera transparente, con criterios objetivos y es condición necesaria que su aplicación no desvirtúe el principio de ordinalidad en el resultado final”. Respetar el principio de ordinalidad significa que, una vez hecha la aportación de solidaridad y repartidos los ingresos para el equilibrio entre comunidades, los recursos per cápita de las autonomías más ricas no queden por debajo del de los territorios más pobres. En estos momentos, Cataluña es la tercera en aportar y la décima en recibir. Tanto Salvador Illa como Oriol Junqueras (ERC) exigen proteger el principio de ordinalidad.

En el pacto que se ha sellado este lunes, el Gobierno y la Generalitat suscriben que la nueva financiación de Cataluña "es compatible" con una "reforma general" del sistema del resto de comunidades “que garantice su suficiencia”. El "reconocimiento de la multilateralidad" -reza el texto- es un "elemento clave en la definición del sistema de financiación y sus reformas, sin perjuicio de que la bilateralidad [con Cataluña] tenga mayor presencia".

Una Hacienda catalana musculada y un "modelo tributario federal"

Para que la nueva financiación vea la luz y la Generalitat pueda recaudar sus impuestos de forma progresiva -empezando por el IRPF- son imprescindibles cambios legislativos. Es necesaria la reforma de la ley orgánica de financiación de las comunidades (LOFCA), así como dos normas más, que exigen mayoría absoluta en el Congreso. Con la intención de presionar al Gobierno para que blinde el rol de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) y no demore su despliegue, ERC anunció el sábado que presentará en solitario -sin esperar al PSOE- la proposición de ley que debe articular estos cambios normativos. Junqueras no quiere una Hacienda catalana en posición de “subordinación” a la Agencia Tributaria y se impacienta con la falta de “concreción” del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero.

Pero el acuerdo al que ha tenido acceso la SER no es tan ambicioso como quiere ERC. Recoge la “voluntad” de “desplegar” la Hacienda catalana y considera que esto es “compatible con un modelo tributario federal con mayor capacidad normativa, de gestión, recaudación, liquidación e inspección”. Por eso, el documento detalla que la Administración General del Estado pretende “avanzar hacia un modelo de gestión del sistema tributario en red”, en que la Agencia Tributaria y la Hacienda catalana se coordinen. Una propuesta exportable a otras comunidades que lo deseen.

En Cataluña, esta coordinación se ha ensayado en la gestión del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT), que deberá extenderse al IRPF. Aunque el acuerdo firmado el verano pasado entre ERC y el PSC fijaba el 2026 para empezar a recaudar el impuesto sobre la renta exclusivamente desde Cataluña, existe preocupación en ERC por las garantías de cumplimiento de este plazo. Junqueras quiere evitar la inconcreción en el calendario y la dependencia de la Agencia Tributaria estatal. El acuerdo de la bilateral expone que la Hacienda catalana “pueda asumir progresivamente competencias, en especial en el control de la normativa autonómica en el IRPF, con atención preferente a las deducciones aprobadas por el Parlamento de Cataluña”.

Inspectores y Técnicos de Hacienda rechazan el acuerdo para la financiación catalana

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado y los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han rechazado este lunes el pacto para un nuevo modelo de financiación singular para Cataluña, y han alertado de las consecuencias que puede tener para la solidaridad entre territorios.

En un comunicado, Gestha sostiene que "pone las bases de un modelo tributario federal", mientras que la Asociación de Inspectores señala que mientras no se modifique la normativa se trata "de un régimen ilegal, que vulnera los principios de igualdad y solidaridad reflejados en la Constitución".

"Si Cataluña recauda todos los impuestos, se verán perjudicadas el resto de Comunidades Autónomas que tendrán menos fondos para financiar los servicios públicos, y, por tanto, tendremos ciudadanos de primera y de segunda", añade la Asociación de Inspectores de Hacienda.

Añaden que si el modelo se generaliza al resto de Comunidades Autónomas "supondría dinamitar el sistema tributario, incluido el fraccionamiento de la Agencia Tributaria" y haría que el Estado no dispusiera "de los fondos necesarios para atender sus funciones".

En cifras de Gestha, con este acuerdo cuando la Agencia tributaria de Cataluña (ATC) asuma la recaudación de 27.590 millones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en Cataluña, pasará de recaudar 5.238 millones de sus impuestos cedidos y propios a gestionar 38.238 millones en 2026, seis veces más.

También tendrá que devolver 2.737 millones a los declarantes catalanes, así como reintegrar al Estado la parte que se acuerde de la cuota estatal del IRPF.

Los técnicos de Hacienda creen que, aunque en un primer momento buena parte de las comunidades no querrán las nuevas competencias, en un futuro las asumirán como ha ocurrido con la gestión y recaudación de los impuestos de sucesiones y donaciones o de transmisiones patrimoniales.

En un futuro, añaden, limitar la solidaridad beneficiará sobre todo a Madrid, seguida de Baleares y Cataluña en detrimento de Extremadura, Canarias o Asturias.