Los pisos turísticos advierten que Europa impedirá que Barcelona los elimine

Barcelona

Recientemente, el Tribunal Constitucional (TC) ha avalado el decreto ley de la Generalitat con el que el Ayuntamiento de Barcelona sostiene la eliminación de todos los pisos turísticos de la ciudad de cara al año 2028. En una entrevista en el programa "Aquí Catalunya" de la Ser, Marian Muro, presidenta de la Asociación de Apartamentos Turísticos de la capital, ha asegurado no estar sorprendida con el veredicto de los magistrados: "no teníamos esperanzas con el recurso que presentamos". Con todo, el decreto ley tiene vía libre para ser aplicado, y con la interpretación hecha por el tribunal, los propietarios de viviendas turísticas difícilmente conseguirán su objetivo de ser indemnizados. Consideran que la futura prohibición de las licencias turísticas supone una expropiación, por eso piden cuatro mil millones de euros a la Generalitat como compensación.

Así pues, la única alternativa que les queda es Europa. A pesar de no haberse activado todavía los mecanismos para presentar recurso en Luxemburgo, Muro confía en que el derecho comunitario les dará la razón. La directora de la asociación se ampara en la "directiva Bolkestein" –como se la conoce popularmente–. Este texto legal de la Comisión Europea (CE) supuso en 2006, año de su aprobación, la liberalización del mercado de servicios en la Unión. En uno de sus apartados defiende el poder de actuación de las administraciones, y entre ellos: expropiar en base al interés general. Ahora bien, Muro recuerda que para hacerlo, "el derecho europeo impone los requisitos de no discriminar, actuar con proporcionalidad y también la idoneidad de la medida, y ninguno de los tres –en nuestro caso– se da", afirma.

Por eso confía en que la justicia europea les dé la razón. Prohibir los pisos turísticos "no es idóneo porque nadie asegura el uso que recibirán las viviendas", cree la empresaria. "No se harán pisos, se harán despachos de abogados, academias de inglés o los venderán a un fondo de inversión". Tampoco es proporcional, considera. "Barcelona solo tiene 9.700 licencias de piso turístico, lo que representa el 1% del parque de vivienda en la ciudad". Y, en tercer lugar, considera discriminatorio el objetivo del consistorio. "Tenemos 30.000 viviendas destinadas a actividades profesionales, 20.000 que están cerradas… ¿por qué no se actúa contra estas?".

Muro ha defendido el poder de actuación del Ayuntamiento, reconoce que "el Tribunal Superior de Justicia concede esta prerrogativa al gobierno municipal". Pero frente al cierre, propone otras medidas, como la restricción de uso de las viviendas turísticas, tal como ocurre en Ámsterdam. En la capital neerlandesa, cada piso turístico tiene un límite de treinta días al año para ser arrendado. Según datos de Airbnb, esto ha comportado una disminución del 54% de los alquileres de corta duración, mientras que los de larga estancia se han incrementado un 34% en los últimos seis años. "Lo que de ninguna manera se puede permitir Barcelona es eliminar todos los pisos turísticos, es una medida electoralista del alcalde", dice Muro. Y ha recalcado: "sin esta oferta habitacional, ni el Mobile World Congress, ni el ISE, ni el Primavera Sound se podrían celebrar en la ciudad… convertiría la ciudad en una de tercera categoría".