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La OCU denuncia a una conocida web rusa de microcréditos por estafa

La Organización de los Consumidores y Usuarios detectó centenares de quejas hacia Kviku por intereses abusivos a raíz de una consulta de la Cadena SER

Freepik

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado una denuncia ante el Ministerio de Consumo contra Kviku, una empresa rusa de microcréditos que ingresa dinero sin el consentimiento de los usuarios que se registran en su web. La organización ha dado el paso tres días después de que la SER hiciera público el testimonio de algunas de los miles de víctimas de esta estafa en España.

En la denuncia, la OCU pide a la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que abra un expediente y sancione a la empresa por dar préstamos sin consentimiento, impedir el desistimiento y aplicar intereses de hasta el 11.800%, muy por encima de los estándares del mercado. Según la organización, todas ellas son prácticas comerciales abusivas, contrarias a la ley de los consumidores.

Según los datos analizados por la SER, desde enero la OCU ha recibido 689 reclamaciones contra Kviku, un 74 % más que en todo 2024. Sumando las principales plataformas de quejas en internet, los casos superan los 3.000. La propia documentación precontractual de la compañía recoge una TAE del 11.811,64 % para un crédito de 800 euros a devolver en cuatro meses, un interés muy por encima de lo que el Tribunal Supremo considera legal.

La estafa está camuflada detrás de una web que simula préstamos instantáneos y las condiciones que ofrecerán. A cambio, solicita los datos personales del usuario. El fraude funciona así: pocos minutos después de introducir sus datos personales, los afectados reciben cantidades de 10, 25, 50 o hasta 300 euros en su cuenta bancaria que no han solicitado.

Minutos más tarde, la empresa Kviku les envía un contrato que les exige cantidades exageradas con intereses usurarios que pueden superar el 25.000 % en Tasa Anual Equivalente (TAE). Por ejemplo, por un “préstamo” de 25 euros, les reclaman 80, más del triple. Si no lo pagan, se enfrentan a amenazas de visitas a su domicilio o a su lugar de trabajo, acoso telefónico e incluso acciones legales.

 

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