Barcelona registra uno de cada cuatro delitos contra personas sin techo en España

Barcelona

La última semana de julio nos dejó un informe del Ministerio del Interior que constataba un descenso de los delitos de odio en el conjunto del estado. En total, en 2024, hubo un 13,8% menos de denuncias que en el año anterior, unos números contradictorios con la realidad que se vivió en España poco antes de que llegara agosto, si recordamos, la ola de odio y criminalización que sufrió la comunidad musulmana de la localidad murciana de Torre Pacheco. Basándonos estrictamente en las cifras generales, la situación había mejorado. Ahora bien, desglosando delito por delito, el mismo informe nos daba un dato alarmante: los delitos contra las personas sin techo se incrementaron en más de un 30% durante el último año.

Y es necesario hablar de ello. Más, si tenemos en cuenta que son uno de los grupos de nuestra sociedad más desamparados por las instituciones (si no el que más). Aparte, el hecho de que Barcelona sea el punto de todo el estado con más delitos de este tipo hace la cuestión especialmente relevante en nuestro territorio. De los 24 casos registrados en España, seis fueron en nuestra provincia capital, es decir, uno de cada cuatro casos se produjeron en Barcelona.

Eva Hobeich, del equipo jurídico de la Fundació Arrels, denuncia la “criminalización” que sufren las personas sin techo y exige más recursos y políticas para ampararlos

Esto, según Hobeich, jefa del departamento jurídico de la Fundació Arrels, se debe a varios factores. Uno de ellos, el crecimiento de personas sin hogar en la capital catalana. Según datos de la misma entidad, hace un año se contabilizaron más de 1300 personas durmiendo al raso en la Ciudad Condal, el máximo desde que se tienen registros. Otras razones son el esfuerzo institucional y de entidades en nuestro territorio para perseguir este tipo de delitos. “Tenemos una fiscalía dedicada a los delitos de odio muy bien preparada, como también lo están los Mossos”, apuntaba Eva, que cree que el hecho de ser el punto del estado con más incidentes “puede ser señal de que estamos haciendo las cosas bien”.

Pero aún queda mucho camino por recorrer. Desde entidades como Arrels trabajan para contrarrestar la infradenuncia que hay en el sector. “Las personas sin techo no tienen la sensación de estar siendo vulneradas, tienen normalizado vivir situaciones de discriminación”, explicaba la jurista. Hablamos de situaciones como no dejarles utilizar un lavabo, prohibirles sentarse en una terraza a tomar algo, grabarlos sin consentimiento o quemarles sus pertenencias. “Muchas veces tenemos que ser nosotros quienes les avisemos” de que lo que les toca vivir es un hecho constitutivo de delito.

A menudo, sin embargo, los hechos no acaban llegando a los tribunales. Por un lado, porque estas personas no tienen los recursos, y por otro, por la dificultad de encontrar pruebas incriminatorias contra los agresores. Una de las más habituales son los vídeos que los propios criminales graban al perpetrar los hechos. Esto de sacar el móvil y capturar imágenes para colgarlas en las redes es bastante habitual entre los más jóvenes, hecho que explicaría el alto porcentaje de condenados que son menores, o tienen entre 18 y 25 años. “Si hay vídeo resulta más fácil demostrar su culpabilidad”.

Sobre el incivismo en Sant Antoni

Sobre la cuestión en el barrio barcelonés de Sant Antoni, fueron muchos los vecinos que durante las últimas semanas se quejaron del mal estado en que se encontraba la zona y culpaban a las personas sin techo. Excrementos, basura, jeringuillas... eran elementos con los que tropezaban día a día, por eso reclamaban acciones urgentes al Ayuntamiento.

Desde Arrels consideran “legítimo que las personas que viven en el área se quejen si se encuentran sus calles en mal estado”, pero califican de “simplista” el discurso que atribuye únicamente la culpa de los problemas de convivencia a las personas sin hogar. Hobeich apuntaba que “el sinhogarismo se debe enfocar desde la vertiente social, nunca desde la criminalización, y mezclar a estas personas con conceptos como orden, limpieza, o seguridad, es criminalizarlas”.

Desde la entidad consideran que se necesitan muchos más recursos para hacer frente a la situación, sin perder de vista el hecho de que las personas sin techo “también son vecinos y vecinas”, una cualidad que no dejarán de perder por el hecho de no tener hogar.