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La Oficina Antifraude de Cataluña bate su récord anual de denuncias: "1350 casos y todavía estamos en agosto"

El director de la Oficina Antifraude de Cataluña, el de Valencia y el vicepresidente del Observatorio Ciudadano contra la Corrupción han compartido una mesa redonda para desgranar las causas de naturaleza corrupta en el estado español.

L’Oficina Antifrau de Catalunya bat el seu rècord anual de denúncies: “1350 casos i encara som a l’agost”

L’Oficina Antifrau de Catalunya bat el seu rècord anual de denúncies: “1350 casos i encara som a l’agost”

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Barcelona

El caso de Santos Cerdán junto con el de José Luis Ábalos; el escándalo de Cristóbal Montoro y su gabinete Equipo Económico con el que conseguían sumas de dinero a cambio de favores políticos a las empresas… son las situaciones de corrupción que han estallado en España durante este 2025. De fraudes, sin embargo, ha habido siempre. El 3%, el caso Pretòria o el caso Mercuri son algunos ejemplos. La conclusión, ahora, es que mucho tienen que cambiar las cosas para que no sigan produciéndose en el futuro.

Para Miguel Ángel Gimeno, director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) y expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), "siempre que haya poder para gestionar fondos públicos habrá riesgo de corrupción". Por lo tanto, todos aquellos que aseveran con rotundidad: yo nunca sería corrupto, pueden ir bajándose del burro, según Gimeno. "Está demostrado empíricamente que estas afirmaciones no responden a una realidad".

Y las cifras lo constatan. Si en 2016, la OAC recibía cerca de 160 denuncias anuales, ahora ya se supera con creces el millar. En 2024 fueron 1291, lo que ya supuso un récord para la oficina; y en lo que llevamos de 2025 ya son cerca de 1350 casos, "y todavía estamos en agosto", insistía el expresidente del TSJC. Por un lado, estos números son indicativos de que la corrupción en nuestro territorio es una realidad presente, pero por otro, puede querer decir que la población cada vez tiene más ganas de destapar entramados, de poner denuncias que acaben con las corruptelas.

La opinión de Feliu Madaula, vicepresidente del Observatorio Ciudadano contra la Corrupción, va en la misma línea. "No es posible la corrupción cero". Cree que donde hay poder hay posibilidad de cometer fraude, por lo tanto, lo que se debe intentar es "no concentrar el poder en manos de unos pocos". Recuerda que esto es trabajo de todos, ya que "es la población la que escoge a sus representantes". Un trabajo, apunta, al que se tiene que sumar el apoyo de organismos como el observatorio o la OAC, que "trabajan para evitar condiciones que hacen posible actitudes corruptas e ilícitas". "Trabajamos para cambiar las causas estructurales de la corrupción", ha añadido.

Sobre cuál es el origen y quién es el verdadero culpable de los fraudes en nuestro país, los especialistas coinciden en categorizar los factores. Todos creemos que en las operaciones de corrupción hay dos partes y siempre nos rompemos los cuernos para atribuir la culpabilidad o bien al corrupto o bien al corruptor. Joan Llinares, director de la Oficina Antifraude de València, cree que un papel muy importante lo desarrolla también el agente de la administración pública que se encarga de dar apariencia de legalidad a un negocio falaz. "Se trata de un triángulo" entre corrupto, corruptor y agente, "y si una de las piezas falla, la corrupción no es posible".

Por este motivo, insisten los tres en que es importante denunciar los hechos, pero todavía más, trabajar en la prevención, de manera que no se produzcan más casos de corrupción en el futuro. Según Gimeno, son dos los ámbitos que requieren más atención: "el de la contratación y el de la cuestión pública", sin perder de vista que uno de los otros pozos sin fondo es el de los canales de denuncia en las instituciones públicas. El director de la OAC reconoce que aquí hay un problema. "La ley dice que las empresas de más de 50 trabajadores y aquellas que sean del orden público deben tenerlos". Aun así, en Cataluña solo hay 500 de estos canales. Un déficit gigantesco si tenemos en cuenta que solo con ayuntamientos la lista debería ser como mínimo de 900.

 

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