La doble amenaza de desahucio de Josefa de un piso de la Generalitat: primero con el marido terminal y ahora como viuda

Barcelona

Josefa y Antonio entraron en 2018 en un piso vacío de la calle de la Pau, en el barrio de la Verneda de Barcelona, que era propiedad de un banco. Tiempo después, la Agencia de la Vivienda —un ente público de la Generalitat— lo compró junto con otros pisos de la zona. Fue entonces cuando empezaron los avisos de desahucio para Josefa y Antonio, que, pese a solicitar una y otra vez un alquiler social, vieron cómo se les denegaba.

En ese momento, Antonio tenía 81 años y un cáncer terminal. Estaba recibiendo cuidados paliativos, y aun así el procedimiento siguió adelante. Era julio de 2024, y fue la jueza quien, justo el día antes de la fecha prevista, frenó el desahucio.

Solo cinco días después, Antonio falleció. Josefa, que ahora tiene 72 años, volvió a recibir al poco tiempo cartas pidiéndole que abandonara el piso. A pesar del certificado de vulnerabilidad y de su contexto familiar (ya viuda y con un hijo con problemas de adicciones a su cargo, que vive con ella), el proceso continúa. Tienen fecha de desahucio para este miércoles 15 de octubre por la mañana, ya con todas las vías agotadas. El Sindicato de Vivienda de La Verneda y sus vecinos les apoyan y han convocado movilizaciones para intentar impedir su desalojo.

“Mi marido, antes de morir, solo pedía un alquiler social”

“¿Cómo quieres que me quede en la calle, a mi edad y enferma?”, lamenta Josefa. Va vestida completamente de negro desde que falleció Antonio. Ella y su hija han sacado unas sillas plegables frente a su piso, en la calle de la Pau, donde poco a poco van llegando vecinas que le muestran su apoyo. “Son muy buena gente”, dice Anna, una mujer de 90 años que vive en el barrio desde siempre. “Ella quiere pagar, que le pongan un alquiler social y ya está”, añade otra vecina.

Relata con emoción todo lo que ocurrió en julio del año pasado, cuando tenían una orden de desahucio con su marido a punto de morir, y se rompe. Su hija, Antonia, acaba de llegar de servicios sociales con un nuevo informe de vulnerabilidad. Un documento que, por ahora, no sirve para frenar el desalojo forzoso.

Denegada la solicitud de una vivienda de emergencia

La Mesa de Emergencia de Barcelona denegó la solicitud de Josefa para ser incluida en la lista de personas con derecho a acceder a una vivienda. Argumentan que el núcleo familiar tiene unos ahorros de 30.000 euros y posee unos terrenos (sin especificar dónde están, si son edificables o cuál es su valor). Desde el Sindicato de Vivienda de La Verneda matizan que eso era hace dos años y que es necesario reevaluar el caso, ya que la familia ya no tiene esos ahorros y no dispone de ningún margen de maniobra, lamentando que no se haya actualizado la situación.

Desde el Sindicato consideran que la denegación se debe a que la familia ocupa un piso propiedad de la Agencia, hecho que automáticamente los excluye de la mesa de emergencia. La Agencia de la Vivienda admite, a preguntas de esta redacción, que quienes ocupan pisos de su propiedad no tienen acceso a la mesa.

Fuentes de la consellería de Territori subrayan que este hecho no les impide recibir el apoyo de los servicios sociales una vez se haya ejecutado el desahucio.