El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, presume del desalojo de un antiguo instituto y habla de "okupas ilegales"

Madrid

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), no ha tardado en sacar pecho del desahucio que ha comenzado este miércoles, pasadas las 7:30, en las instalaciones abandonadas de un antiguo instituto de la ciudad.

Pocos minutos después del inicio del desalojo de las 400 personas que se calcula que vivían en el Badalona IX, el regidor badalonés ha presumido de haber cumplido con su promesa: "Tal y como me comprometí, empieza la desokupación de los 400 okupas ilegales del B9 en Badalona". García Albiol ha enarbolado esa bandera en varias ocasiones al atribuirse el "desalojo más grande de la historia de España".

La Policía Nacional ha detenido, en aplicación de la ley de extranjería, a 18 inmigrantes —que ahora pasarán a un centro de internamiento para extranjeros, paso previo a su deportación—, y donde también ha identificado a otras 54 personas que tampoco tenían permiso de residencia en España. El Govern ha derivado a servicios sociales a unas 59 personas.

El alcalde popular se ha vanagloriado de que el Ayuntamiento no asistirá de manera alguna en el realojo de estas personas. "Dije que sacaríamos a esta gente y lo hemos hecho. Badalona no puede ser, ni va a ser, refugio para la ilegalidad, ni para comportamientos de personas conflictivas que perjudican a quienes cumplen la ley y quienes quieren algo tan sencillo como vivir en sus casas tranquilas", concluía.

Dirigiéndose directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el regidor le ha instado a buscar una solución habitacional para los afectados, asegurando que su gobierno no permitirá que acampen en la vía pública u ocupen otros edificios abandonados en la ciudad.

Condenados a "enfermar o morir"

Centenares de migrantes subsaharianos que dormían en este enclave quedan a partir de ahora sin otro lugar donde pasar la noche, a las puertas del invierno y en la semana previa a las fiestas. El portavoz de los desahuciados, Younouss Dramé, ha venido advirtiendo estos días en la SER que este desamparo a finales de diciembre es "inhumano" y cree que se les quiere condenar a "enfermar o morir".

Muchos de los afectados habían llegado a este asentamiento como consecuencia de desalojos anteriores de otras naves industriales de la ciudad, o incluso incendios como el que se cobró la vida de cinco personas en un asentamiento del barrio del Gorg en 2020. Dramé ha explicado que "muchos de los afectados" vivían allí antes de ir al Badalona IX.

Argumentos del Ayuntamiento

Entre los argumentos municipales para el desalojo, está el de la seguridad de los vecinos. En este instituto abandonado se detectó un brote de tuberculosis el pasado mes de septiembre, y también se han producido algunos altercados violentos, uno de los cuales terminó con un apuñalamiento mortal el pasado agosto.

Por este motivo, Albiol ha argumentado en varias ocasiones que el desalojo traerá "por fin, tranquilidad al barrio". El alcalde ha dicho que quiere "poner una comisaría" en este enclave. El gobierno municipal tiene ya presupuestado medio millón de euros para demoler el antiguo instituto.

Los residentes del Badalona IX ven este discurso como una criminalización, y defienden que muchos de ellos incluso tienen un contrato laboral y algunos tienen estudios universitarios, pero la precariedad y las dificultades burocráticas derivadas de la Ley de Extranjería les impiden encontrar un lugar digno donde vivir.

Ellos son los primeros en reconocer el mal estado del asentamiento: "Somos muchos y ha requerido mucho esfuerzo. Ni está bien ni es lo mejor, pero se puede vivir allí", ha esgrimido Dramé.

Riesgo para las personas

En el informe técnico remitido a los juzgados, se constata que el edificio está "degradado" y que vivir allí supone un riesgo para las 400 personas que lo han convertido en su hogar.

A pesar de la vulnerabilidad de las personas que viven allí, el Ayuntamiento de Badalona no tiene previsto ofrecerles una alternativa habitacional. El alcalde ha expresado la intención de dar un alojamiento temporal (una o dos noches) a 30 de las 166 que están bajo el radar de los servicios sociales, una pequeña parte de las 400 personas que vivían en este antiguo instituto.

De hecho, el colectivo de abogados en defensa de los derechos humanos Irídia denunció al Ayuntamiento por discriminación, al considerar que Badalona no ha facilitado a los afectados una alternativa donde dormir, y había pedido la semana pasada al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que parara el desahucio con medidas cautelares.