Los Mossos desalojan a 400 migrantes que viven en un antiguo instituto de Badalona

Badalona

Es el mayor desalojo de la historia de España. A las 07:30 horas de este miércoles ha comenzado el desahucio de las 400 personas que se calcula que vivían en las instalaciones abandonadas del instituto Badalona IX, conocido como B9. Centenares de migrantes subsaharianos que dormían en este enclave quedarán a partir de hoy sin otro lugar donde pasar la noche, a las puertas del invierno y en la semana previa a Navidad, dado que el Ayuntamiento de Badalona se niega a realojarlos. El portavoz de los desahuciados, Younouss Dramé, advertía esta semana a la SER que este desamparo a finales de diciembre es "inhumano" y cree que se les quiere condenar a "enfermar o morir".

"El Ayuntamiento de Badalona no va a gastar ni un euro en dar vivienda a personas que se han dedicado a hacer la vida imposible a los vecinos", sacaba pecho Xavier García Albiol en un atril instalado en la parte posterior del B9 con un cartel de tintes electoralistas en el que se leía "la ocupación es delito". Y eso, pese a que la resolución de la jueza que dio luz verde al desalojo obligaba al consistorio a ofrecer asistencia social a los afectados: "Dada la constatación de personas en situación de alta vulnerabilidad, deberán adoptarse las medidas de asistencia para personas sin techo de los servicios municipales y prestarles la atención de emergencia social".

18 inmigrantes detenidos pese al aviso de la jueza

A pesar de que el auto de la jueza también dejaba claro que el dispositivo debía centrarse en el desalojo "sin que pueda aprovecharse para la ejecución de cualquier otra actuación administrativa", la Policía Nacional ha detenido 18 personas por la ley de Extranjería, ya que estaban en situación irregular en España, y ha identificado 54 personas más.

Tres de los arrestados han quedado en libertad ya que al llegar a comisaría han visto que estaban en proceso de regularización. En cuanto al resto, 15 migrantes más sin permiso de residencia en España, han sido trasladados a dependencias policiales donde se les ha abierto un expediente de expulsión. Según fuentes de la Delegación de Gobierno en Cataluña, tras el trámite, todos ellos quedarán en libertad en las próximas horas.

Las detenciones han causado estupefacción e indignación entre las abogadas de Irídia, la entidad de defensa de los Derechos Humanos que ha estado asistiendo a los residentes del B9, y a quienes se ha impedido la entrada en el recinto. "Manifestamos la profunda preocupación porque la Policía Nacional [en el ámbito de extranjería] intervenga en desalojos como este", lamentaba en declaraciones a la SER la abogada Mireia Salazar.

"Con lo que se hiciera hoy se tenía que garantizar asistencia social a las personas y no está pasando", critica Salazar. "No se les ofrece ningún tipo de alternativa residencial ni para hoy ni para los próximos días; lo que se les ha dicho es que la semana que viene vayan a las oficinas de servicios sociales, pero hoy se quedan en la calle", añade. Y eso, quienes han podido hablar con los técnicos municipales, ya que muchos no han podido "porque no hay intérprete y hay personas con barrera idiomática", explica Salazar.

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, del Partido Popular, ha presumido en varias ocasiones de ser el responsable del "desalojo más grande de la historia de España". En la comparecencia posterior al deshaucio se lo ha atribuido como un éxito personal: "Dije que sacaríamos a esta gente y lo hemos hecho. Badalona no puede ser, ni va a ser, refugio para la ilegalidad, ni para comportamientos de personas conflictivas que perjudican a quienes cumplen la ley y quienes quieren algo tan sencillo como vivir en sus casas tranquilas, sin miedo a salir por la noche, sin miedo a que les atraquen", defendía.

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El alcalde popular también ha instado a Pedro Sánchez a que él mismo busque una vivienda para estas personas. Albiol insiste en que su Ayuntamiento no va a permitir que se acampe en la vía pública, ni que se ocupen naves industriales abandonadas, algo que ya han empezado a hacer las decenas de personas que salían esta mañana del recinto abandonado, arrastrando maletas, carros o tiendas de campaña.

Muchos de los afectados habían llegado a este asentamiento como consecuencia de desalojos anteriores de otras naves industriales de la ciudad, o incluso incendios como el que se cobró la vida de cinco personas en un asentamiento del barrio del Gorg en 2020. El portavoz de los desahuciados, Younouss Dramé, explica que "muchos de los afectados" vivían allí antes de ir al Badalona IX.

"Un poblado de miseria", según el consistorio

Entre los argumentos municipales para el desalojo está el de la seguridad de los vecinos y de los propios inquilinos del edificio ocupado dada la situación de precariedad del edificio y de quienes lo habitan. "Se ha convertido en un auténtico poblado de la miseria", defendía el consistorio ante la jueza. "Provoca una situación cada vez más descontrolada, con un riesgo de problemas sociales, de salud y convivencia (que fácilmente pueden derivar en violencia y criminalidad)", alegaban poniendo de ejemplo un brote de tuberculosis que afectó a 10 personas el pasado septiembre además de la muerte por apuñalamiento en una pelea de uno de los inquilinos el pasado 28 de agosto.

Los residentes del Badalona IX ven este discurso como una criminalización, y defienden que muchos de ellos incluso tienen un contrato laboral, pero la precariedad y las dificultades burocráticas derivadas de la Ley de Extranjería les impiden encontrar un lugar digno donde vivir. Ellos son los primeros en reconocer el mal estado del asentamiento: "Somos muchos y ha requerido mucho esfuerzo. Ni está bien ni es lo mejor, pero se puede vivir allí", esgrimía Dramé.

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Sin alternativa donde dormir, en pleno invierno

A pesar de la vulnerabilidad de las personas que viven allí, el Ayuntamiento de Badalona no tiene previsto ofrecerles una alternativa habitacional. El alcalde ha expresado la intención de dar un alojamiento temporal (una o dos noches) a 30 de las 166 que están bajo el radar de los servicios sociales, una pequeña parte de las 400 personas que vivían en este antiguo instituto.

Los portavoces de los residentes han advertido en varias ocasiones que acabarán ocupando otro espacio, ya que no tienen una vivienda donde ir: "Pedimos al alcalde otra solución. No hemos venido aquí a ser ocupas, pero la situación nos empuja a hacer eso", explica Younouss Dramé.

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El desahucio, en los juzgados europeos

De hecho, el colectivo de abogados en defensa de los derechos humanos Irídia denunció al Ayuntamiento por discriminación, al considerar que Badalona no ha facilitado a los afectados una alternativa donde dormir, y había pedido la semana pasada al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que parara el desahucio con medidas cautelares.

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