La UB traslada a la fiscalía las denuncias por acoso contra el catedrático Ramón Flecha y suspende a tres profesores

Barcelona

La Universidad de Barcelona (UB) ha trasladado a la Fiscalía Provincial de Barcelona las acusaciones contra el catedrático emérito Ramón Flecha y contra otros miembros vinculados al grupo CREA ante la "gravedad injustificable" de unos hechos "intolerables y repulsivos" relatados por los once testimonios escuchados en el marco de la comisión que desde julio investiga este caso. 14 personas -exalumnos, doctorandas, becarias e investigadoras dirigieron una carta al rector donde acusaban a Flecha de mantener relaciones íntimas con subordinadas en un contexto de desigualdad jerárquica y vinculando las oportunidades académicas con estas relaciones sexuales.

El rector de la UB, Joan Guàrdia ha tomado esta decisión después de recibir un informe preliminar de 200 páginas y dos anexos en los que se describen conductas que, a juicio del grupo de expertos que ha analizado las denuncias, podrían tener relevancia penal y que apuntan a que el CREA actuó como un "grupo coercitivo de alto control".

Además, la UB ha acordado suspender de trabajo -aunque no de sueldo- a dos PDI (personal docente investigador) durante seis meses prorrogables, y retirar la condición de catedrático honorario a una tercera persona. En total, ahora mismo son cuatro las personas apartadas de la actividad académica por su relación con este caso, porque Ramón Flecha ya fue suspendido el pasado mes de julio.

El CREA (siglas de Community of Researchers on Excellence for All) fue creado en 1991 por Flecha como un centro de investigación del ámbito de la educación y posteriormente se especializó también en violencia sexual.

Unanimidad de la comisión investigadora

La comisión de profesionales expertos que desde septiembre investiga las denuncias relativas a la agrupación CREA presentó el viernes 19 de diciembre un informe preliminar al rector, ante la gravedad de los hechos relatados por las víctimas. Este comité, integrado por tres especialistas con formación específica en violencia de género y acoso institucional, ha realizado quince sesiones de trabajo y ha escuchado el testimonio de once denunciantes, aunque, en estos momentos, el número total de denuncias formales presentadas ya asciende a dieciséis.

De estos testigos, el comité concluye que la organización dirigida por el catedrático de sociología Ramón Flecha funcionaba como un "grupo coercitivo de alto control". Las víctimas han relatado situaciones de coerción sexual y psicológica, maltrato, explotación personal y profesional y conductas intimidatorias por parte de Flecha y de sus colaboradores más inmediatos, algunos vinculados a la UB pero también a otras universidades.

Ante la gravedad de los hechos, que en un comunicado la Universidad califica de intolerables, repulsivos y de una gravedad injustificable, el rector ha tomado dos decisiones de impacto: la primera, trasladar los hechos a la fiscalía y comunicar que si el ministerio fiscal admite a trámite el caso, la universidad ejercerá la acusación particular. Y la segunda: suspender de trabajo, que no de sueldo, a dos profesores permanentes de la UB y retirar la condición de catedrático honorario a otra persona, ya jubilada. En total, dado que Flecha ya fue suspendido en julio, son 4 las personas apartadas cautelarmente por su presunta participación en los hechos denunciado, que según la Universidad son "conductas intolerables y del todo incompatibles con el valor y principios de la UB".

La universidad ha activado además medidas de acompañamiento psicológico a todas las personas que han podido verse afectadas por las prácticas del grupo y ha dado instrucciones al comité de expertos para que continúe trabajando y recogiendo testigos, a la espera de lo que pueda decidir la fiscalía.

Dos denuncias previas archivadas

El grupo liderado por Ramón Flecha ya fue objeto de denuncias internas y ante la fiscalía en otras dos ocasiones y en ambos casos, quedaron archivadas.

En 2004 una quincena de antiguos miembros del grupo presentaron una denuncia ante el entonces rector Joan Tugores, quien tras encargar una investigación interna envió las conclusiones a la fiscalía. El ministerio fiscal no vio entonces indicios de delito penal e internamente la cuestión se resolvió recomendando cambios en el funcionamiento del grupo, en cuestiones como la gestión económica o de las becas. En 2016, cuando Ramón Flecha ya no estaba al frente del grupo y CREA ya no formaba parte de la estructura de la UB, dos ex integrantes del grupo vuelven a denunciar a la universidad las prácticas de control personal y profesional que se ejercía dentro del grupo. Y de nuevo el caso se archiva por falta de pruebas. La gran diferencia con ambos casos precedentes es que ahora son 16 las personas afectadas que denuncian de forma colectiva la situación. Y que la UB está dispuesta a ejercer la acusación particular

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