Los informes encargados por el Govern dan luz verde a prohibir la compra especulativa de vivienda

Barcelona

El Govern de Salvador Illa se comprometió a estudiar de manera pausada si Cataluña podía regular la compra especulativa de vivienda después de que varios grupos de la oposición —como los Comuns y la CUP— instasen al Ejecutivo a explorar una medida que pretende mitigar las dificultades de los ciudadanos para acceder a la vivienda. Y la Generalitat ya tiene sobre la mesa los cuatro informes encargados a varios expertos, paso previo para madurar una decisión sobre una eventual regulación.

Tal como han confirmado a SER Catalunya diversas fuentes conocedoras de los trabajos de análisis, los informes solicitados a Pablo Feu, Fuensanta Alcalá y Jaime Palomera avalan limitar la compra de vivienda desde el punto de vista jurídico, el régimen sancionador y la comparativa de precedentes internacionales. Y el cuarto informe, sobre la constitucionalidad de la iniciativa, encargado a Carles Viver i Pi-Sunyer —exmagistrado y exvicepresidente del Tribunal Constitucional (TC)— llegó justo el viernes a manos del Govern. Este último documento, el último en elaborarse tras el trabajo de los demás expertos, debe completar la valoración del encaje normativo de limitar el derecho a la propiedad desde el marco del urbanismo.

Cómo prohibir la compra especulativa

El trabajo de Pablo Feu, jurista y autor del informe del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona que abrió el debate sobre la regulación de la compra especulativa, sostiene desde el análisis jurídico que es posible limitar estas adquisiciones de pisos con el actual marco legal a escala municipal. Su tesis es que la especulación inmobiliaria está vulnerando la Ley de Urbanismo, y que hay que blindarla ante prácticas que, en sus últimas modificaciones, no estaban generalizadas. La medida sería siempre temporal, territorializada y en un contexto de excepcionalidad como el actual, vinculado a las zonas tensionadas de vivienda donde ya se limita el precio del alquiler.

Feu ha sometido su informe a una “prueba de esfuerzo” con altos cargos de los Servicios Jurídicos de la Generalitat: ha pedido a estos altos funcionarios que señalen grietas y posibles puntos débiles de su tesis, que defiende que desde la regulación urbanística se puede condicionar el derecho a la propiedad. Los servicios jurídicos, en su momento, le hicieron tres advertencias: que no hay justificación europea para condicionar la libre circulación de personas y mercados, que puede haber conflicto competencial y que la medida puede interferir en el derecho a la propiedad. Según asegura Feu, los tres condicionantes se rebaten en su informe con ejemplos de casos ya existentes sobre los que hay jurisprudencia.

Por su parte, el informe de Fuensanta Alcalá, exdirectora del Departamento de Disciplina del Área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona —ahora jubilada—, profundiza en el régimen sancionador y en la fórmula para hacer cumplir la normativa, y también ve viable la medida.

Límites constitucionales

El Govern analiza, finalmente, el trabajo solicitado a posteriori a Carles Viver i Pi-Sunyer. El ejecutivo de Illa recurrió al exdirector del Institut d’Estudis de l’Autogovern y expresidente del Consell Assessor per a la Transició Nacional durante el proceso, por sus amplios conocimientos en materia de normativa constitucional y por su pasado como magistrado y vicepresidente del TC. El Govern no ha dudado en recurrir a una figura con protagonismo en la etapa de gobierno independentista para completar el estudio sobre la compra especulativa.

En su caso, el Ejecutivo le encarga al exmagistrado responder a una única pregunta: ¿es constitucional, desde el urbanismo, limitar el derecho a la propiedad? Las fuentes consultadas admiten la inminencia de la presentación de las conclusiones, que el Govern se plantea compartir con los grupos parlamentarios implicados en el debate de la medida.

En paralelo, y a la espera de estas conclusiones, algunas voces cercanas a estos análisis sobre la posible prohibición de la compra especulativa de viviendas advierten de posibles grietas en la medida, como por ejemplo la limitación de la compra de segundas residencias, que podrían ser —igual que lo fueron los alquileres de temporada y de habitaciones en la limitación de precios del alquiler— un ángulo muerto por el que algunos propietarios podrían continuar con su actividad especulativa al margen de las nuevas e hipotéticas limitaciones.