Abogados Cristianos solicita que se obligue a Noelia a someterse a tratamiento psiquiátrico antes de recibir la eutanasia

La Fundación Española de Abogados Cristianos presenta dos nuevas acciones jurídicas para frenar la eutanasia de Noelia, la joven parapléjica de 24 años que lleva un año y medio peleando en los tribunales para tener una muerte digna. Dos semanas después de que el Tribunal Supremo avalase la intervención médica, la Fundación solicita a la Justicia que obligue a la joven a recibir tratamiento psiquiátrico y apoyo psicológico intensivo antes de que se le aplique la eutanasia.

Por un lado, la organización solicita al Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona, donde interpuso querella contra la dupla médico-jurista por presuntos delitos de prevaricación y falsedad, que adopte una medida de protección al amparo del artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En concreto, pide que se requiera a los servicios públicos de salud de Cataluña para que dispensen de inmediato tratamiento especializado a Noelia.

La entidad sostiene que, según los informes incorporados a las actuaciones, la joven presenta diagnósticos como trastorno límite de la personalidad (TLP), trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) e ideación suicida, además de antecedentes de intentos autolíticos. A juicio de Abogados Cristianos, su cuadro clínico exige una intervención terapéutica intensiva y no la tramitación acelerada de la prestación de ayuda para morir.

En paralelo, presenta un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el auto del Tribunal Supremo que inadmite el recurso de casación. En ese marco, solicitan medidas cautelarísimas para que se suspenda la eutanasia hasta que el Constitucional se pronuncie sobre el fondo del asunto. La organización recuerda que la ejecución de la eutanasia supondría un hecho irreversible, que dejaría sin efecto práctico cualquier eventual estimación del amparo.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, subraya que “no se puede permitir que se aplique la eutanasia a una joven de 25 años con graves trastornos mentales sin ofrecerle antes una alternativa terapéutica real. El Estado tiene la obligación de proteger y tratar a las personas vulnerables, no de facilitar su muerte”.

Castellanos insiste en que “cuando existen ideaciones suicidas diagnosticadas, la respuesta médica y jurídica debe ser el tratamiento y el acompañamiento, no la eutanasia. Por eso pedimos al juzgado que actúe como garante de la protección de la víctima y al Tribunal Constitucional que paralice cualquier actuación que pueda acabar de forma definitiva con su vida mientras los tribunales siguen analizando el caso”.

Sufrimientos "graves, crónicos e imposibilitantes"

La joven ha tenido que vivir ingresada en un hospital sociosanitario durante más de un año y medio, sedada por el intenso dolor que padece. El TSJC confirmó que la joven padece sufrimientos "graves, crónicos, constantes e imposibilitantes, además de no existir posibilidad de mejora con los medios terapéuticos actuales". El tribunal añade que "la lesión en la columna vertebral genera, de manera irreversible, entre otros, dolor neuropático de difícil control farmacológico".