Fiscalía ve por primera vez delito de torturas en una detención de la policía franquista

La Fiscalía de Barcelona ha concluido que la activista independentista Blanca Serra fue víctima de torturas por la policía franquista durante su detención en 1977, tras su primera investigación penal por crímenes de la dictadura, pero plantea el archivo del caso al no haber podido identificar a los autores de los hechos.

El ministerio público, según ha informado en un comunicado, concluye que los maltratos a Blanca Serra constituyen un "delito de torturas "perpetradas en el contexto de crímenes contra la humanidad", tras concluir la primera investigación penal que ha abierto en España por las torturas de la policía franquista, en virtud de la ley de memoria democrática de 2022.

Las diligencias de investigación se incoaron a raíz de la denuncia presentada en noviembre de 2024 por Blanca Serra por los malos tratos físicos y psíquicos que le fueron infligidos durante su detención en febrero de 1977. Su hermana Eva, ya fallecida, también sufrió malos tratos. La denuncia incluía cuatro detenciones entre 1977 y 1982 en las que se practicaron torturas. Sin embargo, solo la detención y las torturas de febrero de 1977, perpetradas por miembros de la Brigada Político-Social en las dependencias de la Jefatura de Via Laietana, se encuadran dentro del periodo cubierto por la ley de memoria democrática.

En un comunicado público, el Ministerio Fiscal asegura que, en el marco de la investigación —llevada a cabo en coordinación con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado—, se han practicado todas las diligencias orientadas al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de sus autores, incluidas pruebas testificales, periciales y documentales. Tras analizar el resultado de estas diligencias, el decreto recoge un relato de los hechos que considera constitutivos de un delito de torturas perpetrado en el contexto de crímenes contra la humanidad.

Según este relato, agentes de la denominada Brigada Político-Social de la Policía Nacional detuvieron a la denunciante y a su hermana por el único motivo de su actividad política de oposición a la dictadura y les infligieron violencia física y psíquica con el fin de obtener información y lograr una confesión, causándoles secuelas de carácter traumático.

Asimismo, considera que los hechos se produjeron en el contexto de la persecución y represión política instaurada por el franquismo y en el marco de un régimen institucionalizado de opresión sistemática y generalizada, y atribuye a la denunciante la condición de víctima del franquismo, de acuerdo con la ley de memoria democrática.

No obstante, las diligencias practicadas no han permitido identificar a los autores materiales del delito, por lo que la fiscalía ha presentado denuncia ante el órgano judicial solicitando el archivo provisional por falta de autor conocido. Todo ello sin perjuicio del ejercicio de otras acciones judiciales previstas en la ley, como los expedientes de jurisdicción voluntaria en el ámbito civil.