El Govern confía en frenar el desahucio del bloque de Sant Agustí y avisa de sanciones a partir de los 90.000 euros: "Estas operaciones no son bienvenidas"

Barcelona

El Govern confía en que se podrá evitar el desahucio de los vecinos del bloque de Sant Agustí, en el barrio de Gràcia de Barcelona, afectado por la conversión de viviendas en alquiler por habitaciones, el conocido como ‘coliving’. La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha asegurado que se está trabajando para “abrir la vía del diálogo y reconducir la situación”, mientras el Ejecutivo se compromete a activar “todos los mecanismos legales” para proteger a los residentes. El caso, que ha generado preocupación vecinal, está vinculado a la gestión de un fondo de inversión que ha aplicado modelos cercanos al coliving en este edificio pensado para uso residencial.

Paneque ha explicado en una entrevista en el Aquí Catalunya que, tras conocer la situación a través del Ayuntamiento, la Generalitat inició inspecciones después de detectar incumplimientos de la normativa vigente, especialmente en relación con el tope del alquiler por habitaciones. En el caso de este bloque de Sant Agustí, los expedientes sancionadores a los que se enfrenta el fondo responsable parten de los 90.000 euros de multa. “Actuaremos con la contundencia que exige la ley”, ha afirmado la consellera, que ha remarcado que el objetivo es garantizar que los pisos mantengan el uso residencial y no se destinen a prácticas especulativas.

El Gobierno informó este febrero de las primeras multas por fraude en la ley de vivienda. Hasta ahora se sabía que se habían abierto 13 expedientes sancionadores por incumplimientos en el tope del alquiler (siete vía Agencia Catalana de Consumo; seis vía Agencia Catalana de la Vivienda), derivados de la actividad de los inspectores y también abiertos de oficio por las agencias competentes. Pero la consellera, en la conversación con SER Catalunya, ha cifrado en 22 los expedientes incoados por sanción, con multas que pueden oscilar entre los 90.000 y los 900.000 euros. Y que, en total, se han abierto 483 expedientes con diligencias previas.

La consellera ha detallado que estas inspecciones se están llevando a cabo en toda Cataluña desde la entrada en vigor de la nueva regulación de los usos temporales, con un centenar de inspectores. Paneque confía en que estas medidas sirvan para revertir situaciones como la del bloque de Sant Agustí y disuadir nuevas irregularidades: “Los pisos deben ser para vivir y no un bien financiero”, ha insistido, en un contexto de emergencia habitacional.

En cuanto a una posible compra pública del edificio, como ocurrió en otros casos -Casa Orsola-, la consellera lo ha descartado por ahora por la falta de voluntad de venta por parte de la propiedad. Aun así, el Gobierno asegura que seguirá actuando con firmeza contra este tipo de operaciones y será “consistente” en la aplicación de la ley en otros bloques que incumplan la normativa.