Caso mascarillas: la Justicia rechaza imputar a Elena Collado al no apreciar "el más mínimo indicio de cooperación, complicidad o encubrimiento"

Madrid

El juez instructor del conocido como Caso mascarillas, Adolfo Carretero, ha rechazado este viernes imputar a la coordinadora de Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado. El magistrado ha justificado su decisión a través de un auto, contra el que cabe recurso, en el que manifiesta que "no existe hasta el momento ni el más mínimo indicio de una posible cooperación necesaria, complicidad o encubrimiento de la Sra. Collado en la presunta estafa agravada cometida por los investigados".

Carretero señala en el auto que la coordinadora de Presupuestos del Consistorio "fue engañada por los comisionistas, quienes le ocultaron el importe de sus comisiones que inflaron el precio de los contratos de una manera desmesurada, y su relación verdadera con la empresa malaya Leno".

El juez reconoce que resulta "más consistente" la imputación de Collado por un delito de prevaricación, aunque "decae la misma, al no precisarse cuál es la resolución arbitraria que dictó".

Collado, que se mantiene como testigo en la causa, no pudo administrar deslealmente el patrimonio del Consistorio, según señala el auto, dado que "fue engañada por los comisionistas" que le ocultaron "el importe de sus desmesuradas comisiones que inflaron el precio de los contratos", por lo que, establece el magistrado, Collado "actuó de buena fe en la contratación".

Carretero entiende que la coordinadora de Presupuestos municipal tenía, como cualquier funcionario en el momento más complicado de la pandemia, "la imperiosa necesidad de traer material sanitario urgente para evitar más muertes por COVID-19. Por ello, el juez establece que no se le pueden exigir "exhaustivas comprobaciones en relación con el material sanitario, cuando no había criterio prefijado respecto del precio de los mismos".

El auto, además, refleja cómo Collado, cuando "se dio cuenta de que podía ser objeto de un engaño", lo comunicó inmediatamente al empresario Alberto Luceño. En ese momento, recoge el auto, la coordinadora de Presupuestos del Ayuntamiento llegó a decir al comisionista "que iba a acudir a la Policía por sentirse estafada", lo cual permitió, dice el juez, "la devolución inmediata del precio de los guantes", que superaba los cuatro millones de dólares.

A través de este auto se vislumbra el futuro del Caso mascarillas, que no es otro que la acción penal se va a dirigir únicamente contra Luis Medina y Alberto Luceño, excluyendo, por el momento, a cualquier cargo público del Ayuntamiento de Madrid.