La Justicia paraliza el proyecto de Ayuso para hacer frente a la ley educativa de Sánchez
El Tribunal de Justicia autonómico acepta las medidas cautelares solicitado por el sindicato Comisiones Obreras
Madrid
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid (TSJM) ha paralizado temporalmente este miércoles el proyecto educativo regional con el que pretendía hacer frente a la ley educativa estatal, la denominada LOMLOE. El Gobierno autonómico contemplaba en su propuesta impedir que los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato pudieran pasar de curso con varias asignaturas suspendidas.
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Las decisión del tribunal madrileño responde a las medidas cautelares solicitadas esta semana por parte de Comisiones Obreras. Desde el sindicato entienden que el decreto autonómico que se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el pasado 20 de mayo invade competencias nacionales, por lo que solicitaron a principios de esta semana la paralización temporal de la normativa.
En concreto, el TSJM paraliza de manera cautelar las mayorías cualificadas que fijaba el decreto de Ayuso para la promoción y titulación de los alumnos de ESO y Bachillerato: una mayoría de 2/3 del equipo docente para decidir sobre los alumnos de secundaria con dos o más suspensos, y un mayoría de 4/5 en el caso de los estudiantes de Bachillerato. El auto del TSJM, al que ha tenido acceso la SER, bloquea estas mayorías y obliga a la Comunidad de Madrid a cumplir con lo especificado en la LOMLOE, que no contempla este tipo de mayorías en su articulado.
El juzgado ha dado un plazo de tres días, que vence este viernes 27 de mayo a la Comunidad de Madrid para presentar alegaciones. La consejería de educación ha explicado a la SER que los servicios jurídicos trabajan desde el martes, cuando se les notificó el auto, en dar respuesta a esta decisión y levantar la medida cautelarísima. "Estamos elaborando un informe que se presentará en las próximas horas con el objetivo de que la justicia pueda revocar esta decisión", ha explicado un portavoz del departamento que dirige Enrique Ossorio. Según este portavoz, dos de las cinco magistradas que firman el auto de paralización han mostrado su disconformidad con la medida adoptada. El gobierno madrileño insiste en que el decreto aprobado por el ejecutivo regional no vulnera la normativa nacional por lo que confían en que continúe adelante.
"Estamos ante una decisión muy importante porque hemos conseguido que se paralice la aplicación de un decreto muy negativo para el alumnado, un decreto que se propone mermar la autonomía de cátedra y la libertad de las juntas de evaluación", ha declarado Isabel Galvín, secretaría de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Madrid, el sindicato que ha llevado esta normativa a los tribunales y que celebra la decisión de la justicia.