Sociedad

Familias afectadas por el metro en San Fernando de Henares temen quedarse en la calle

Un año después de la movilización definitiva que impulsó los realojos y el reconocimiento del impacto del metro en sus hogares, la orden de emergencia que sustenta los realojos de 24 familias afectadas expira en septiembre y el gobierno regional les pide que presenten la documentación para poder cobrar la indemización prevista.

GRAF6632. SAN FERNANDO HENARES (MADRID), 27/01/2022.- Bomberos y operarios retiran los enseres de los vecinos durante el desalojo de las cuatro viviendas de la calle Presa en San Fernando de Henares (Madrid) este jueves afectadas por la línea 7B de Metro de Madrid. EFE/ Fernando Villar / FERNANDO VILLAR (EFE)

San Fernando de Henares

Preocupación. Más preocupación, entre los afectados por la línea 7B de Metro en San Fernando de Henares. Un año después de la movilización definitiva de los vecinos que impulsó en septiembre los realojos y, posteriormente, el reconocimiento del impacto del metro en sus hogares, la última reunión con la Comunidad de Madrid les ha dejado, si cabe, más inquietos. En septiembre, las 24 familias que salieron "temporalmente" por tres meses y que han visto cómo su edificio ha sido derribado, se cumplirá un año de exilio en el apartahotel de Madrid, y expira la orden de emergencia que sustenta sus realojos. Dicen los afectados que la Consejería de Transportes, a poco más de un mes para la fecha, no ofrece ninguna alternativa.

En San Fernando hay un total de 77 expedientes abiertos; vecinos y negocios que han tenido que ser desalojados por las grietas de la línea 7B de Metro que pasa por debajo. 24 de ellos formaron la primera ola de realojos y se fueron de casa con lo puesto, sin posibilidad de coger ni sus muebles porque el edificio podía colapsar en cualquier momento. Son ellos quienes desde septiembre del año 2021 viven en apartahoteles. Las posibilidades de vivir en un piso alquilado por la Comunidad de Madrid, como otros desalojados que sí pudieron sacar sus muebles, son escasas teniendo en cuenta que la mayoría de pisos a la venta no están amueblados. Estos 24 vecinos son los que no saben qué les deparará septiembre. Según la portavoz de la Asociación de vecinos afectados por la línea 7B de Metro, Eva María Medina, en una reunión con la Comunidad de Madrid fueron informados de que administrativamente "no se podía ampliar esa orden de emergencia porque no existe un epígrafe que lo contemple".

Eva María Medina, como el resto de vecinos, se pregunta qué va a pasar este septiembre; una inquietud que no sabe responder la Comunidad de Madrid, que por el momento no ha comunicado una solución a los afectados. Medina tiene vecinos mayores con pensión mínima, otros en paro y ella misma está pagando la hipoteca de una casa que hoy está demolida, por lo que no pueden hacer frente a un alquiler para realojarse después de septiembre, en caso de que el Gobierno regional les deje en la calle. El alcalde de San Fernando, Javier Corpa, se ha pronunciado en apoyo a los afectados: "Mi apoyo y solidaridad a mis vecinos y vecinas afectados por el Metro. Que sepan que el ayuntamiento va a estar ahí y que llegaremos donde haga falta para que se haga justicia y se le dé una salida digna a una situación que ellos no han generado y que ha creado la Administración regional".

Los vecinos afectados piden a la Comunidad de Madrid que busque alguna solución antes de que 24 familias se vean sin hogar en septiembre y aseguran que no piden "un piso en Serrano" ni "un yate en Málaga", sino únicamente lo que una vez fue suyo.

La Comunidad de Madrid dice que el contrato de emergencia no es prorrogable

Ante las quejas difundidas por los vecinos tras la reunión, la Consejería de Transportes explica que ya hay presupuesto disponible para hacer frente a las indemnizaciones. Sin embargo, para poder cobrarla deben presentar documentación, y solo en tres de los 76 expedientes abiertos se ha logrado aportar. Por ello, dice el gobierno regional, las propias familias han solicitado una ampliación del plazo de entrega.

A partir de septiembre, afirman, "la Consejería de Transportes e Infraestructuras no puede hacerse cargo del alojamiento de manera directa, pero si de los gastos derivados con posterioridad a la finalización de la emergencia que se devengarán en el expediente de responsabilidad patrimonial que está tramitando de oficio".

El gobierno regional sostiene que está "aplicando con diligencia todas las vías y soluciones legales para dar una respuesta con agilidad a estas circunstancias, sin escatimar medios humanos ni económicos, si bien la resolución definitiva de estos expedientes depende de tener a disposición todos los justificantes necesarios para su tramitación".

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