El Plan Alquila de Aguirre languidece con Ayuso

Madrid

El Plan Alquila nació en 2007 como una palanca para estimular la oferta de vivienda en alquiler en la Comunidad de Madrid. Según la entonces presidenta, Esperanza Aguirre, se trataba de “remover los obstáculos que se ciernen sobre los propietarios por temor a impagos y destrozos”. Básicamente, consiste en que el Gobierno regional ejerce de avalista de los inquilinos durante el primer año para cubrir las rentas en caso de impago.

El problema es que esos incentivos públicos resultan cada vez menos atractivos, a juzgar por los datos que arroja el propio plan. En 2021 se firmaron 1.749 nuevos contratos bajo este paraguas y se renovaron otros 1.122. En total, 2.871 arrendamientos, casi mil menos que los que se registraban tres años antes, según los datos obtenidos por la Cadena SER en aplicación de la Ley de Transparencia. Hace una década, en 2012, la cifra de operaciones anuales superaba las 12.800.

Desde la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura lo achacan, entre otras cuestiones, a la aparición de competencia privada que ofrece protección a los caseros frente a la morosidad. “Ahora hay muchas plataformas privadas que cubren ese servicio”, alega el viceconsejero de Vivienda, José María García, que habla de “estabilidad en torno a los 2.000 o 3.000 contratos firmados desde 2016”.

En los mejores momentos del Plan Alquila -entre 2009 y 2011-, el número de viviendas disponibles en el programa superó las 11.000 en toda la región, pero desde entonces su número ha caído en picado. En 2021 la oferta fue de solo 937 pisos. En ese año, el último con datos completos, la demanda fue también algo menor que en la edad dorada del programa, pero se mantuvo por encima de los 25.000 ciudadanos interesados en arrendar bajo el paraguas público. El resultado es que el descuadre entre oferta y demanda en el Plan Alquila se ha disparado: si en 2010 había 3 potenciales inquilinos por cada vivienda disponible, en 2021 esa relación se disparó a 26 demandantes por piso.

Son datos que aparecen en el expediente público de contratación del seguro por impago que suscribe el Gobierno regional cada dos años para poder dar esas garantías y que supone una inversión de 575.137,62 euros. También revela que el saldo que arroja el Plan Alquila está bastante por debajo de las estimaciones de la propia Consejería, que -según ese expediente- “prevé la formalización de un total de 4.000 contratos de alquiler al año”.

“Es una cuestión de carencia de oferta”, reconoce García, que la achaca “al miedo al riesgo a la okupación o a la intervención de precios”, a pesar de que el objetivo de este instrumento es precisamente salvar esas reticencias. Además, la escasa oferta de pisos en alquiler en el marco del Plan Alquila contrasta con las cifras que ofrecen servicios privados de intermediación como idealista.com. Esa web, que no ofrece protección adicional alguna a los arrendadores, contaba el pasado martes con 10.649 inmuebles disponibles para alquiler.

La Consejería trata ahora de revitalizar el programa aumentando las garantías en el caso de los inquilinos de menos edad. Lo ha bautizado Plan Alquila Joven y ofrece avalar a los menores de hasta 35 años durante 24 meses, en lugar de los 12 que ofrece el programa original. Durante los ocho meses que estuvo en marcha en 2021 –empezó a funcionar el 27 de abril- propició la firma de 630 contratos. En los ocho meses de 2022 para los que hay datos –del 1 de enero al 31 de agosto- la cifra bajó a 534.

La gestión del Plan Alquila –y su hermano menor para jóvenes- está externalizada desde su creación y tiene un coste en torno al medio millón de euros anual, según se desprende de los expedientes colgados en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid. Entre las obligaciones del adjudicatario que aparecen recogidas en los pliegos está “la captación de viviendas libres susceptibles de inscribirse en el Plan Alquila”. La última adjudicación se realizó en el año 2021, para dos años, por un importe máximo de 830.610,55 euros, aunque la Comunidad de Madrid tuvo que anularla ante el recurso de otra de las empresas que participó en el concurso.