Admitida a trámite la querella contra la alcaldesa de San Lorenzo por el Valle de Cuelgamuros
En la querella, se expone que concurren todos los elementos de la presunta comisión de un delito de prevaricación.
Imagen de los hermanos Lapeña asesinados por falangistas en 1936 y enterrados en el Valle de Cuelgamuros
Madrid
El juzgado de primera instancia e instrucción numero 5 de San Lorenzo del Escorial ha admitido a trámite la querella contra Carlota Pérez Esteban, la alcaldesa popular de este municipio por un delito de prevaricación administrativa al negarse a conceder la licencia de obras para exhumar a varias víctimas de la Guerra Civil enterradas en el Valle de Cuelgamuros.
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Se abren, por tanto, diligencias previas contra la primera edil lorentina que en breve recibirá la resolución judicial en la que se le citará para su interrogatorio. La querella ha sido presentada por la asociación de familiares de víctimas enterradas en el Valle.
Los querellantes consideran que Carlota López Esteban habría incurrido en un presunto delito de prevaricación al contravenir diversas resoluciones judiciales y con ello "vulnerar la reparación de las víctimas y el principio constitucional de la dignidad de las personas".
La querella se interpuso en nombre de un familiar de los hermanos Lapeña, fusilados en 1963 por el bando nacional en Calatayud y enterrados en el Valle de los Caídos, y la presidenta de la Asociación de Familiares de los Republicanos enterrados en el Valle de los Caídos, Silvia Navarro.
La acción penal se dirige contra Carlota López Esteban después de que no renovara el permiso para iniciar los trabajos de acceso a los restos a pesar de que el pasado mes de junio el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó levantar la medida cautelar que paralizaba la citada licencia urbanística. Esta decisión está pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo.
En un informe jurídico, el Ayuntamiento alegaba que hasta que no haya sentencia firme no accedería a la solicitud de renovar el permiso, un extremo criticado por los familiares de enterrados en el Valle por su falta de solidaridad hacia las víctimas.
La alcaldesa manifestó en un comunicado que la tramitación de cualquier licencia es un procedimiento reglado sujeto a los informes técnicos y jurídicos pertinentes y, por tanto, "completamente ajeno a la discrecionalidad de cualquier cargo electo".
En la querella, se expone que "concurren" todos los elementos de la presunta comisión de un delito de prevaricación. Los familiares argumentan que "la querellada ha dictado en pleno municipal su negativa a reactivar la licencia municipal, y a su vez, es conocedora del fallo del TSJ por el que se levanta la suspensión sobre dicha licencia que ella misma otorgó, 12 meses antes".
En los hechos, el abogado de las familias, el letrado Eduardo Ranz , menciona el auto, de 30 de marzo de 2016, dispuesto por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial que reconoció el derecho a la digna sepultura de los hermanos Lapeña Manuel y Antonio-Ramiro, una sentencia histórica que seis años después no se ha ejecutado.
También expone que el propio TSJM se ha pronunciado sobre dicha licencia, denegando la medida cautelar interesada de suspensión de la ejecutividad del acuerdo de 24 de junio de 2021 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial.
