Madrid rectifica y garantizará la sanidad pública a migrantes con VIH y embarazadas

Tras un año en que los migrantes sin papeles no podían acceder a la sanidad pública en Madrid por las trabas administrativas, la Comunidad rectifica y permite que los extranjeros en esta situación puedan ir al médico en determinadas circunstancias. Radio Madrid ha tenido acceso al documento que Salud Pública ha hecho llegar a las gerencias y los servicios de admisión de los hospitales públicos de la Comunidad detallando el nuevo protocolo.

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Según este nuevo procedimiento, los hospitales podrán registrar y atender a migrantes en situación irregular que se encuentren en uno de estos dos supuestos: que sean "mujeres embarazadas" o "personas afectadas por enfermedades transmisibles que supongan un riesgo para la Salud Pública (infección por VIH, Tuberculosis, Infecciones de Transmisión Sexual y cualquier enfermedad de declaración obligatoria en el marco de la vigilancia, control y seguimiento de alertas sanitarias)".

Las asociaciones LGTB y contra el VIH recibieron este documento en la tarde-noche del jueves pasado, pero no fue hasta la mañana del viernes cuando la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas, se lo comunicó formalmente en una reunión que mantuvieron en torno a las diez de la mañana en la sede de la Dirección General, en la calle O’Donnell.

Con este nuevo protocolo, se pone fin a una situación que se arrastra desde noviembre de 2021, cuando la Comunidad de Madrid puso en marcha siete Unidades de Tramitación Especializada. Unidades a las que los migrantes en situación irregular debían acudir para poder ir al médico, pero que, en la práctica, provocaban que miles de ellos se quedaran sin acceso a la sanidad pública. ¿Por qué? Por las enormes trabas administrativas y las largas listas de espera que generaban.

Esta situación tenía como consecuencia que migrantes que llegaban a Madrid tomando una medicación desde sus países de origen tuvieran que abandonarla al cruzar la frontera. Hace dos semanas, la Cadena SER publicó un estudio del Hospital Universitario Infanta Leonor que demostraba que un cuarto de los migrantes sin papeles que tenían VIH han tenido que dejar el tratamiento contra el virus por las trabas administrativas y que un tercio de ellos perdiera la indetectabilidad.

Esto supone un grave peligro para su salud y un problema de salud pública, ya que podrían volver a contagiar la infección. Ahora, la Comunidad de Madrid rectifica y permitirá su atención sanitaria, al considerar que, por ejemplo, no tener tratamiento contra el VIH es una situación que requiere de atención urgente.

Adiós a las facturas de 700 euros por tratar el VIH

Muchos migrantes, preocupados por su salud, acudían a urgencias para conseguir su medicación. Era una de las grietas existentes en el sistema, ya que los ordenadores de las urgencias todavía permitían dar de alta a los migrantes en el sistema de la sanidad pública.

Una vez dentro, los médicos les atendían y, si era oportuno, les recetaban el tratamiento contra el VIH. El problema llegaba cuando pasadas unas semanas, esos migrantes recibían facturas, cartas o emails reclamándoles el pago de las consultas y los tratamientos. Pagos que, en algunos casos, rozaban los 700 euros.

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Uno de los casos que han recibido las organizaciones sociales de atención al migrante es el de una mujer migrante embarazada. Reyes Velayos, presidenta de Apoyo Positivo, cuenta que "en un hospital de la Comunidad le dijeron que le iban a atender, pero se lo iban a cobrar y que solo el parto eran casi 10.000 euros". Desde otra de las asociaciones implicadas en esta lucha, Acción Triángulo, Gerjo Pérez nos cuenta que "los migrantes reciben llamadas, emails, cartas... exigiéndoles sus datos y el pago de grandes cantidades de dinero. Roza el acoso". Muchos de los extranjeros en situación irregular que ellos atienden tienen miedo, dicen, de que les cobren el tratamiento y prefieren no tomarlo, con los problemas que les acarreará esta decisión, por temor a estas facturas. Facturas que, ahora, con el nuevo protocolo, quedan paralizadas.

“Es un paso necesario y que va en la buena dirección”, afirma Reyes Velayos, quien, además de ser presidenta de la ONG Apoyo Positivo, lo es también de la Coordinadora estatal de VIH y sida. Sin embargo, señala que "parece que hemos ganado una batalla, que no la guerra". Y es que se trata de un procedimiento temporal, a la espera de que se apruebe el definitivo. "Tenemos otra reunión con Salud Pública en enero, para evaluar el funcionamiento de este protocolo e informarnos de los avances en el siguiente. De momento estamos en tregua y suspendemos las acciones y las concentraciones frente a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid", relata Reyes.