El Gobierno de Ayuso despide a los rastreadores COVID que tuvo que readmitir tras tenerles diez días aparcados en un sótano
Los trabajadores están recibiendo el cese de su actividad con fecha 15 de diciembre
Rastreadoras readmitas por orden judicial esperan en un sótano que la Comunidad de Madrid les comunique cuál es su trabajo
Madrid
Diez días han pasado en un sótano, sin el material adecuado. sin tener trabajo asignado y finalmente la Comunidad de Madrid les ha despedido. El Gobierno de Ayuso ha dado por finalizado, con fecha el próximo 15 de diciembre, el contrato por obra y servicio de los 81 rastreadores que tuvo que readmitir tras una resolución judicial que declaraba nulos los despedidos llevados a cabo durante el verano.
"Nos dieron una notificación y a la puñetera calle" explica Rosalía, una de las trabajadoras afectadas. "A mí lo que me da pena es que se podía haber hecho un grupo de trabajo para todas la enfermedades que existen en Madrid, que está que se cae" remarca esta antigua rastreadora recordando que, más allá del COVID, existe un incremento notable de las enfermedades de transmisión sexual.
Ayuso aparca en un sótano sin nada que hacer a los rastreadores COVID que la justicia obligó a readmitir
Desde Comisiones Obreras siguen adelante con la demanda que presentaron contra la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Superior de Justicia por readmisión irregular. Su portavoz, Manuela Carral, remarca que no han llegado a reincorporarse como tal porque no han llegado a tener un trabajo efectivo. "Simplemente tenían una mesa, una silla, y un ordenador con el que no podían acceder a ningún dato. Ni si quiera han podido fichar el tiempo que han estado trabajando" subraya Carral. Además de a esos 81 rastreadores readmitidos, la Comunidad ha dado por finalizado el contrato de los rastreadores que sí permanecieron en su puesto, unos 40.
La Comunidad de Madrid, reconociendo que tuvo que cumplir la sentencia judicial de readmisión de estos rastreadores, considera que "finalizada la fase aguda de la pandemia, estas funciones no se contemplan en la Estrategia de Vigilancia y control del Covid". Por ello, aseguran fuentes de la Consejería de Sanidad, han comenzado "a notificar las finalizaciones de los contratos con efectos del 15 de diciembre, debido a que estas funciones de rastreo ya no se desarrollan en España".