Una vida a la deriva: 10 años después de un desahucio
La falta de un parque público de viviendas y el elevado precio del alquiler deja en situación de máxima vulnerabilidad a las familias que han perdido su casa
A Vivir Madrid: 10 años después de un desahucio
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Madrid
Sanidad y educación, de mejor o peor calidad, pero públicas, universales. No sucede lo mismo con el derecho a la vivienda, la pata que cojea en el Estado del Bienestar español.
Un desahucio corroe todos los aspectos de una vida, siendo una condena a la pobreza perpetua y a no tener mayor horizonte que el día de mañana.
En lo que va de año se han producido cerca de 3.000 lanzamientos en la Comunidad de Madrid, según datos del CGPJ. La dificultad de acceso a la vivienda provoca que cada vez más capas sociales queden relegadas a los márgenes. "Una familia con dos progenitores a pleno empleo puede ser desahuciada, aunque esté al máximo de su capacidad de ingresos", explica Laura Barrio, socióloga y coordinadora de Madrid de la Plataforma Afectados por la Hipoteca.
¿Qué sucede tras la ejecución de un desahucio?
Solo una vez se han entregado las llaves, se activa el protocolo del Samur Social, que proporciona atención psicológica y busca un albergue, donde la familia solo podrá estar unos días. En casos muy concretos, se ofrece una vivienda compartida temporal, a la que no se pueden llevar enseres. "Solo pueden estar 6 meses, de ahí se van a la calle", explica Barrio.
El parque de vivienda pública es muy limitado, las listas de espera interminables y para una persona desahuciada es imposible aplicar: "en la Comunidad de Madrid si no tienes un contrato legal de alquiler, o un título de propiedad de vivienda, no puedes pedirla. No es que no te la den, es que directamente te excluyen del registro de solicitantes", expone la activista, asegurando que esta situación se ha denunciado al Defensor del Pueblo. Si no se encuentra una alternativa habitacional, la Comunidad de Madrid se encarga de la tutela de los menores, por lo que a muchas familias no les queda otra opción que ocupar.
Además, lo que normalmente se denomina alquiler social no hace referencia a un arrendamiento de viviendas públicas, sino de activos pertenecientes a fondos de inversión como 'Blackstone' o la 'Sareb'. "Han tenido tan mala imagen a la hora de desahuciar familias, que han desarrollado esta clase de departamentos, para lavarse un poco la cara", inisite.
Vanesa, separada de su hijo
Con una bebé de un mes en brazos, Vanesa se vio obligada a abandonar su piso del Plan Joven de la Comunidad de Madrid, después de que la administración lo vendiese al fondo buitre 'Encasa Cibeles', filial de Goldman Sachs. Desde entonces, lleva desde 2013 dando tumbos, teniendo incluso que dejar durante años a su hijo adolescente en un internado.
Primero, estuvo viviendo en un piso alquilado a un particular, avalado por su suegra, del que finalmente tuvo que irse, porque dejaba de comer para poder pagarlo. "El precio del alquiler de mercado es inasumible para muchas familias", insiste. En 2019, la acogió su expareja en su casa, "una situación para nada idónea", hasta que dio con la organización Provivienda, quien le facilitó una habitación, pero donde no puede vivir junto a sus hijos. "Yo les necesito a mi lado", solloza.
Este verano, le tocó por sorteo una vivienda de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), por la que paga un alquiler reducido desde entonces, pero a la que todavía no ha podido mudarse por las condiciones inhabitables en las que se encontraba: rajas en la pared, humedades, ventanas que no pueden abrirse y caldera estropeada.
Desde la pérdida de su casa, Vanesa sufre una depresión que le llevó a intentar quitarse la vida en 2018. "No me sentía persona, no me sentía madre, no me sentía nada", relata. Casi diez años después de que comenzase la pesadilla, el psiquiatra todavía no le ha podido bajar la dosis de antidepresivos y sigue condenada a tomar pastillas para dormir . "Tú te crees que es normal, ¿con 43 años?... Para poder rendir en un trabajo tengo que poder descansar a gusto. Llega un momento que vamos a estar tan mal que no vamos a valer ni para esclavos, no nos van a poder explotar más", explica.
Además, pide que se acelere la tramitación de la Ley de Vivienda: "Las familias vulnerables precisamos vivienda pública, pero es que la población general necesita la regulación de los precios del alquiler".
Luisa y la factura de okupar
En Belmonte del Tajo, a una hora y veinte minutos en autobús del centro de Madrid, vive Luisa con sus tres hijas. Su casa del Plan Joven de la Comunidad de Madrid se vendió al mismo fondo buitre en 2014. Tras el desahucio, trató de buscar alternativa habitacional en el IVIMA y solicitó numerosos alquileres sociales, sin éxito. "La única solución que me dieron fue quitarme a las niñas, y dejarme a mí en la calle... Romper la familia era la única alternativa que me brindaban", explica.
Lo único que se pudo permitir en ese momento fue alquilar una habitación junto a una familia; 7 personas compartiendo una habitación de 10m2. Cuando la situación se volvió insostenible, no tuvo más opción que okupar una vivienda vacía de un banco. "No podía perder a mis hijas, era ya lo que me faltaba para tirarme por un puente", afirma. En ese piso, el alquiler se "se pagaba con salud mental"; no puedes llamar a la policía si algo sucede o si recibes amenazas, al igual que no sabes en qué momento te van a cortar la luz o el agua, "y te vas a quedar sin suministros viviendo con menores".
Poco tardó en llegarle también la factura del ostracismo social: "cuando se enteran de que estás ocupando, hay gente que no quiere que sus hijos se junten con los tuyos... A los cumpleaños, invitan a todos los niños de clase, menos a tu hijo. Yo no le he hecho daño a nadie, entérense de mi vida, entérense de mi historia y después júzguenme".
Estos años acabaron con su relación de pareja y la sumieron en una depresión. "Era una madre en una situación límite, extrema. No quería salir de la cama, solo quería dormir para olvidarme de todo. Venían mis hijas a jugar conmigo, y les decía que se fueran", relata.
Casi una década después, y con ayuda de la PAH de Arganda, ha logrado negociar un alquiler social con la Sareb. "Si quieren acabar con los okupas, lo que tienen que hacer es regular el precio del alquiler. Las viviendas son para vivir y no para especular", sentencia.
Pese a estar a 45km de Madrid, lejos de las oportunidades de trabajo y de opciones de ocio para sus hijas, su nuevo piso le ha ayudado a recomponerse un poco :"ahora sí tengo ánimo para jugar a los concursos de la tele, para hacer los deberes con ellas... Noto que estoy mejorando". Sus hijas incluso le dicen: "¡¡Mamá, ya no gritas!!"
Para Luisa, los seres humanos somos como los árboles, "necesitamos una raíz", que es nuestro hogar. "Por algo en la prehistoria teníamos cuevas, porque el ser humano necesita un refugio, un lugar al que llegar", explica.