El Gobierno de Ayuso prohíbe los carteles en los centros de salud de Madrid "por decoro"
La Consejería de Sanidad ha emitido una resolución exigiendo la retirada de la cartelería relacionada con la huelga de médicos y el cese de la recogida de firmas
Madrid
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha afirmado este miércoles que la orden para prohibir la recogida de firmas en los centros de salud a favor de la huelga de médicos de familia y pediatras de Atención Primaria busca mantener "el decoro" en las instalaciones, para que los ciudadanos sean atendidos "con orden, limpieza, seguridad y confort".
"No se puede calificar de represión aquello que lo que busca es calidad y calidez", ha dicho el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, en respuesta a las críticas del sindicato Amyts, convocante de la huelga indefinida que mantienen los profesionales de este nivel asistencial desde hace tres meses.
La Consejería de Sanidad ha dictado una orden en la que encomienda a los directores de los centros de salud de la región a "garantizar" el correcto funcionamiento de sus instalaciones tras detectar que se estaban promoviendo recogidas de firmas y otras actividades" distintas a la atención sanitaria".
"No tiene que ver con la limitación de la libertad de expresión de todos los ciudadanos y de la libertad sindical de todos los centros públicos y privados", ha sostenido López, que ha precisado que la intención es que no se genere "un aspecto desordenado o no adecuado de las instalaciones", como la presencia de cartelería, cuando hay lugares específicos para su colocación.
"Son centros para atender las necesidades de los ciudadanos y no otros entes, por mucho derecho que tengan a ejercer su labor en esta materia", ha añadido.
En esta línea, ha diferenciado entre las actividades que hace el Gobierno como institución en los centros de salud, por ejemplo la presentación de algún servicio sanitario, frente a la labor sindical, ya que el Ejecutivo regional "nunca ha hecho un uso ilegítimo de los centros públicos".
Y ha subrayado que la libertad sindical está sometida a un cumplimiento de unas normas, por lo que "no se puede calificar de represión".
El Gobierno regional espera que la resolución "sea cumplida", y en el caso de que no sea así, López ha apuntado que se estudiarán "cuáles serán las consecuencias".
"Tal cual está dictada la resolución, no va a haber ningún problema de incumplimiento", ha confiado el consejero madrileño.