Madrid

María González tiene 92 años aunque cuando se le pregunta su edad bromea con esconderla y luego recuerda que su cumpleaños está próximo, a finales de abril. Acompañada de su hijo Pablo, que empujan su silla de ruedas, esta mujer ha visitado este jueves la Asamblea de Madrid para asistir de público al debate durante el pleno de una propuesta sobre residencias de mayores.

La propuesta, en forma de proposición no de ley (PNL), la presentaba la diputada del PSOE, Lorena Morales. Quería buscar el apoyo del resto de diputados para exigir al Gobierno regional que las 18 residencias llamadas de gestión indirecta, es decir, que son públicas pero su gestión la llevan empresas volviesen a tener una dirección totalmente pública. Esa propuesta finalmente no ha salido adelante en la votación del pleno por la oposición del Partido Popular y la ultraderecha de Vox.

Por eso María lo primero que quiere decir cuando se le pregunta que por qué ha decidido acercarse hasta la Asamblea de Madrid es que "quisiera que lo cogiera la Comunidad de Madrid". Lo que significa que quiere que su centro, la residencia Peñuelas en el distrito de Arganzuela de Madrid, vuelva a esas manos públicas porque ahora lo gestiona la empresa Aralia que ha sido sancionada en varias ocasiones por su mala gestión y cuyo dueño, José Luis Ulibarri, ha sido condenado por corrupción en la trama Gürtel.

María lleva 13 años en la misma residencia y dice que todo ha ido a peor, en primer lugar la comida. "Es malísima, malísima. Nos dieron ayer una sopita que era agua, completamente agua. No tenía nada, nada, nada más que agua. Esto es verídico", dice enfadada. Pero no sólo eso también siente que se les trata "como si fuéramos ovejas en el comedor, una vergüenza".

Esta mujer critica además que la escasez del dinero que se invierte no sólo se nota en las comidas también en que faltan manos para trabajar y las trabajadoras tienen que ir deprisa. "Falta persona desde luego. Tú te vas a acostar y de dicen que lo hagas corriendo. Es que no puede ser". Y concluye diciendo "lo que estamos pasando nosotros no lo sabe nadie". Pues ahora lo sabemos algunos más.

Una comisión civil para saber lo que pasó en las residencias

Familias que han perdido a sus mayores en residencias durante la primera ola de la pandemia o que sufrieron la falta de asistencia sanitaria agrupados en Marea de Residencias y la Plataforma Verdad y Justicia han realizado este jueves frente a la Asamblea de Madrid una protesta en la que siete personas tumbadas en el suelo, cubiertas en bolsas de plástico negro, han simbolizado el fallecimiento de 7.291 mayores sin atención médica en la primavera de 2020.

En la protesta, han pedido una vez más que se investigue lo sucedido y que se haga justicia. "No nos van a callar, vamos a seguir pidiendo justicia donde sea necesario. En los tribunales, en las calles, en Europa. Queremos justicia", dice Carmen Martín, una de las portavoces, agarrada a un megáfono.

Por eso han anunciado que durante este mes de marzo y en el mes de abril van a llevar a cabo una vigilia y van a poner en marcha una comisión civil que servirá para que se escuchen aquellos testimonios que no llegaron a oírse en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid que se paró y no se retomó tras las últimas elecciones. Las familias han estado arropadas por diputados de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos.