Miles de familias preocupadas por el futuro de sus viviendas de protección oficial tras descalificarse los terrenos: "Es un atraco a mano armada"
Superado el plazo legal de 30 años los terrenos han sido descalificados y se ofertan a precio de libre mercado con lo que en algunos casos el valor se ha multiplicado hasta por 8, un coste inasumible para los vecinos que quieran hacerse con el pleno dominio de su vivienda de protección
Madrid
El pasado mes de enero el Ayuntamiento de Madrid abrió un nuevo proceso de enajenación del Plan 18.000, un programa municipal por el que en los años 80 se construyó vivienda protegida en terreno público, en varios distritos de la capital. Los vecinos son propietarios de las viviendas durante 75 años (derecho de superficie) pero no así del suelo. Para la plena propiedad deben comprarlo. El proceso que ahora ha abierto el Consistorio es para las viviendas en las que se ha cumplido el periodo legal de protección de 30 años. Esto supone que los precios de venta del suelo se fijan según el mercado y no utilizando como referencia los precios limitados para viviendas protegidas.
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Esta situación está generando mucha preocupación entra las familias de las 8.000 viviendas que puede acceder a esta compra de suelo porque se enfrentan a cuantías inasumibles. Es el caso de Tomás Almena. Tiene 74 años, está jubilando y viven desde hace más de 30 años en Arganzuela. En la última oferta de suelo lanzada por el Ayuntamiento en 2017, los precios en muchas parcelas oscilaban entre los 32.000 y los 34.000 euros. Ahora, una vez descalificados los terrenos en los que está su casa, tiene que pagar 191.000 euros. “Nos han puesto en un callejón sin salida” dice Tomás que acusa al Ayuntamiento de “amargar la vida” a muchas familias y sobre todo a jubilados como él que en el último tramo de su vida se tienen que enfrentar a esta preocupación. Directamente califica lo que esta haciendo el Ayuntamiento de “atraco a mano armada”.
"Tendría que pagar tres veces lo que costó originalmente el piso"
Sílvia vive en Moratalaz. Está divorciada y tiene tres hijos, uno de ellos con una discapacidad de casi el 90 por ciento. Su caso es parecido al de Tomás. El precio para comprar el suelo de su casa asciende a 148.000 euros, cuando en concursos anteriores, primero le pedieron 18.000 y posteriormente 40.000 euros. En ese momento estaba en paro y no pudo hacer frente a esas cuantías y ahora mucho menos, asegura “cuando tendría que pagar tres veces lo que costó originalmente el piso”. Su preocupación es el futuro de sus hijos y que ocurrirá con la vivienda una vez se cumplan los 75 años del derecho de uso y disfrute.
Hasta 8.000 familias se encuentran en la misma situación que la de Silvia y Tomás. Se han organizado en una plataforma con el nombre “Afectados por el Suelo del Plan 18.000”. Creen que el Ayuntamiento no ha actuado de buena fe al retrasar durante varios años la posibilidad de comprar el suelo a precio de protección oficial con el objetivo “de valorarlas a precio de libre mercado” multiplicando así entre 3 y 8 veces la anteriores ofertas de compra. Lo consideran un agravio comparativo en relación a los vecinos que compraron el suelo anteriormente en los bloques sociales.
Fuentes del área de Desarrollo Urbano aseguran que el procedimiento se ajusta escrupulosamente a la ley. Recuerdan que los titulares superficiarios no tienen ninguna obligación de comprar el suelo, es voluntaria, y podrán continuar en el uso de las viviendas en las condiciones actuales hasta que finalice el plazo de 75 años desde la formalización de la cesión del derecho de superficie. Explican que únicamente se ofrece en esta convocatoria suelo no sometido a protección porque los grupos municipales acordaron en los Pactos De la Villa que “ningún suelo ni vivienda destinados a protección pública podrán ser enajenados en ningún caso por el Ayuntamiento de Madrid, quedando como patrimonio y titularidad de todos los madrileños y de la ciudad de Madrid”. Sobre el incremento del valor del suelo, insiste en que “las promociones incluidas en esta oferta están descalificadas, ya no están protegidas, son libres y se tienen que valorar legalmente a precio de mercado”. Ofertarlas por debajo del valor de mercado, dicen estas fuentes, implicaría que el Ayuntamiento estaría infringiendo la legislación.