Condenado un concejal del Partido Popular de Alcalá de Henares a un año y nueve meses de prisión

Alcalá de Henares

Contundente sentencia del juzgado de lo penal número 3 de Alcalá de Henares contra el todavía concejal del Partido Popular en el ayuntamiento complutense, Marcelo Isoldi Barbeito. La sentencia, que ha sido emitida en pocos días desde la celebración del juicio, afecta también a quien fue en su día concejal de Obras en distintos gobiernos del Partido Popular, Francisco Javier Fernández Abad.

El caso está relacionado con la antigua estación de autobuses interurbanos de la calle Brihuega. Una instalación supuestamente provisional que el ayuntamiento mantuvo activa durante años en un estrecho callejón entre viviendas. Fueron los vecinos quienes denunciaron que dicha estación funcionaba sin licencia, provocando contaminación y ruido constantes sobre los residentes.

La sentencia aplicada se deriva de un delito de prevaricación ambiental, recogido en el artículo 329.1. del Código Penal. El texto afirma que "los condenados permitieron que la estación de autobuses de la calle Brihuega siguiera funcionando durante 24 horas al día sin licencia de actividad y funcionamiento, así como que eran perfectos conocedores de las continuas denuncias y quejas de los vecinos desde 2005, y que hicieron caso omiso de las mismas, permitiendo que la estación funcionara sin interrupción, sin respetar los límites de emisión de ruidos". Los vecinos llegaron a sufrir durante aquellos años el funcionamiento de hasta 152 autobuses en turno de mañana, casi medio centenar cada tarde y varias decenas en horario nocturno.

Los ediles no podrán volver a ejercer

La condena derivada de la sentencia judicial es muy importante. Condena a ambos ediles a un año y nueve meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 15 meses con una cuota diaria de 15 euros, inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 8 años y pago por mitad de las costas procesales. No tendrán que entrar en la cárcel al ser la pena inferior a dos años, pero dejará antecedentes.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, personado en el caso como posible perjudicado, tendrá que hacer frente a cuantías económicas derivadas de la sentencia como responsable subsidiario. Los condenados, además, deberán indemnizar a varios vecinos por desperfectos, y depreciación del valor de su vivienda.

La polémica estación "de la Conti"

Alcalá de Henares, con casi 200.000 habitantes, no tiene a día de hoy una estación o intercambiador de autobuses. Una situación anómala que, en los últimos días ha sido, precisamente, objeto de una nueva promesa electoral del Partido Popular, cuya presidenta y candidata a la reelección en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba "un auténtico intercambiador de autobuses", proyecto esperado desde que en su día lo avanzara la entonces presidenta Cristina Cifuentes.

La instalación, como sede de distintas cabeceras de autobuses urbanos, dependía también del Consorcio Regional de Transportes. No fue hasta febrero de 2015, diez años después de los hechos relatados por la sentencia judicial, cuando ayuntamiento y CRTM alcanzaron un acuerdo para retirar las últimas líneas de esta corta callejuela entre viviendas convertida hoy en una plaza peatonal.

El concejal apartado de las listas del 28M

El caso de la antigua estación de autobuses de la calle Brihuega persigue desde hace años al concejal Marcelo Isoldi. El otro edil, Fernández Abad, ya no formaba parte de la estructura ni ocupaba cargo alguno en el Partido Popular de Alcalá de Henares. Isoldi, concejal en la actual corporación 2019-2023, fue apartado de la candidatura del 28M. Es el único edil que no repite en la lista.

Días después de la presentación de la candidatura encabezada por Judith Piquet, el propio edil se despedía en una carta abierta enviada a entidades y medios de comunicación. En el texto explicaba que "en la vida se producen cambios, a veces, como es el caso, bajo el criterio de la renovación" y ponía fin a un ciclo de 22 años en el ayuntamiento complutense.

La carta también hacía referencia al proceso judicial abierto y el concejal afirmaba que "jamás he cometido ninguna irregularidad, algo que el tiempo y la Justicia muy pronto confirmarán".

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