Renuncia en Alcalá de Henares el concejal del PP condenado por prevaricación ambiental

Alcalá de Henares

El concejal del Partido Popular de Alcalá de Henares, Marcelo Isoldi, condenado por un delito de prevaricación ambiental por un juzgado de lo penal, ha renunciado a su acta como concejal del ayuntamiento complutense. Tras el pleno celebrado el pasado 16 de mayo en el que el edil defendió su inocencia y pidió prudencia al resto de partidos al tratarse de una condena en primera instancia contra la que cabe recurso, los partidos en el gobierno municipal, PSOE y Ciudadanos, convocaron un pleno extraordinario para este lunes 22 de mayo con la intención de exigir al PP el cese del edil y pedir la valoración pública del resto de grupos municipales.

Minutos antes de la sesión prevista, el pleno ha sido suspendido ante la renuncia confirmada del concejal que había sido condenado, entre otras penas, a un año y nueve meses de prisión e inhabilitación para cargo público.

Sentencia por el conflicto de la antigua estación de autobuses

El pasado 9 de mayo el juzgado de lo penal número 3 de Alcalá de Henares dictó sentencia tanto contra Isoldi como contra quien fue también, en su día, concejal de Obras en distintos gobiernos del Partido Popular, Francisco Javier Fernández Abad.

El caso está relacionado con la antigua estación de autobuses interurbanos de la calle Brihuega. Una instalación supuestamente provisional que el ayuntamiento mantuvo activa durante años en un estrecho callejón entre viviendas. Fueron los vecinos quienes denunciaron que dicha estación funcionaba sin licencia, provocando contaminación y ruido constantes sobre los residentes.

La sentencia aplicada se deriva de un delito de prevaricación ambiental, recogido en el artículo 329.1. del Código Penal. El texto afirma que "los condenados permitieron que la estación de autobuses de la calle Brihuega siguiera funcionando durante 24 horas al día sin licencia de actividad y funcionamiento, así como que eran perfectos conocedores de las continuas denuncias y quejas de los vecinos desde 2005, y que hicieron caso omiso de las mismas, permitiendo que la estación funcionara sin interrupción, sin respetar los límites de emisión de ruidos". Los vecinos llegaron a sufrir durante aquellos años el funcionamiento de hasta 152 autobuses en turno de mañana, casi medio centenar cada tarde y varias decenas en horario nocturno.

Los ediles no podrán volver a ejercer

La condena derivada de la sentencia judicial es muy importante. Condena a ambos ediles a un año y nueve meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 15 meses con una cuota diaria de 15 euros, inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 8 años y pago por mitad de las costas procesales. No tendrán que entrar en la cárcel al ser la pena inferior a dos años, pero dejará antecedentes.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, personado en el caso como posible perjudicado, tendrá que hacer frente a cuantías económicas derivadas de la sentencia como responsable subsidiario. Los condenados, además, deberán indemnizar a varios vecinos por desperfectos, y depreciación del valor de su vivienda.

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