La agresión a una anciana en una residencia de Madrid se salda con 210 euros de indemnización

Madrid

El juzgado de primera instancia y de instrucción número 1 de Arganda del Rey (Madrid) considera probado que una trabajadora de la residencia pública de ese municipio fue a atender en la madrugada del 8 al 9 de diciembre de 2022 a María Honorato, una residente con movilidad reducida que estaba en la cama. La mujer, que tenía entonces 93 años, había pedido a la auxiliar que le aplicara una crema para las rozaduras del pañal que llevaba puesto "ante lo cual se molestó y le propinó dos bofetadas en la cara que causaron a María Honorato lesiones por las que tardó en curar 7 días", detalla el fallo, "sin que necesitara tratamiento médico o quirúrgico".

El juez considera que lo sucedido fue un delito leve de lesiones y por eso le impone a la trabajadora una multa de tres meses con una cuota de 15 euros diarios, en total 1.350 euros, mientras que condena a la auxiliar a pagar una indemnización de 210 euros por las lesiones. "Me he puesto a llorar", cuenta por teléfono su hija Sara Moreno: "Me parece una auténtica vergüenza que salga tan barato y tan impune. Que todo quede así con que esta señora indemnice con 210 euros y ya está, todo solucionado. Es gratis casi".

Esta familiar lamenta que el juez no haya tenido en cuenta "que son personas dependientes, que están solas, que dependen de esa persona en ese turno y que no pueden defenderse. Son como un niño pequeño y creo que no se puede considerar de la misma forma". Sara Moreno se está planteando ya recurrir el fallo del juzgado porque en el mismo no se ha entrado en inhabilitar a esta trabajadora. "Me niego a pensar que una persona así esté en una residencia cuidando a mi madre o a otros ancianos. Me parece demencial", explica.

Sara recuerda que desde que denunciaron lo que le había pasado a su madre, que sigue en la residencia, ha sentido miedo por las noches y ha tenido que recibir atención psicológica. "Los primeros meses lo pasó mal, con miedo. De hecho, una de las noches se cayó de la cama porque tuvo una pesadilla pensando en que alguien entraba en la habitación. Ahora se preocupa más por mí y porque me quite yo de la cabeza lo que pasó".

Fuentes de la Consejería de Política Social de Madrid aseguran que cuando se puso la denuncia a la trabajadora se le abrió un expediente disciplinario y se le suspendió cautelarmente de empleo. Insisten en que desde entonces la empleada no realiza su actividad en la residencia. Añaden que ahora la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), de la que dependen los centros para mayores públicos, va a pedir al juzgado la decisión para ver si el procedimiento se da por finalizado y, en el caso de que la familia o la trabajadora recurran, se esperará a una sentencia firme para decidir las posibles sanciones laborales que se le puedan aplicar a la auxiliar.

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