Absuelta la concejala del PP de Alcorcón, Susana Mozo, acusada de un delito de prevaricación

Alcorcón

La Audiencia Provincial de Madrid, con fecha 2 de junio de 2023, ha absuelto a la edil del PP en Alcorcón Susana Mozo, del delito de prevaricación al que se enfrentaba por la liquidación de las obras del Centro de Creación de las Artes (CREAA) cuando era consejera delegada de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria (Emgiasa). Según la Audiencia Provincial de Madrid "debemos absolver y absolvemos a Doña Susana Mozo del delito de prevaricación por el que venía siendo acusada, declarando las costas procesales de oficio".

La sentencia, ante la que cabe recurso de apelación en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, señala que "no ha quedado probado" que Mozo llevara a cabo la firma del contrato "con el fin de satisfacer algún interés propio o de terceros ajeno al interés de la empresa pública de la que era consejera delegada".

Fuentes cercanas a la querellante, la alcaldesa en funciones, Natalia de Andrés ya han avanzado que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mientras que los servicios jurídicos del Ayuntamiento están estudiando el asunto y si hay informe favorable se interpondrá el recurso correspondiente.

Según el comunicado de Susana Mozo, concejala del PP de Alcorcón, la sentencia, de 47 folios, ha concluido que "resulta patente que - directa ni indirectamente- no concurren los elementos, subjetivo y objetivo, del tipo penal recogido en el artículo 404 del código penal, es decir, que mi actuación como Consejera Delegada de Emgiasa en la resolución del contrato con la UTE CREAA fue estrictamente en interés sociales a la situación extraordinaria que atravesaba EMGIASA, así como, en interés público, y que en ningún caso actué al margen del ordenamiento jurídico", ha señala Mozo.

También señala que los hechos probadas indican que "no se actuó por mero arbitrio y a mi voluntad; estaba facultada para la resolución del contrato de la UTE CREAA en cumplimiento del fin social que, de entre ellos, era remover la situación extraordinaria de insolvencia generada por el anterior equipo de gobierno en la empresa pública EMGIASA".

En el comunicado se asegura que la resolución del contrato "estaba prevista en el propio contrato firmado en el año 2008 por el equipo socialista, y no suponía una nueva contratación o disposición de fondos como se ha venido afirmando por los querellantes".

También, según Mozo "las acusaciones no han acreditado el supuesto perjuicio para los intereses de EMGIASA, sino, muy al contrario, la Administración concursal ha reflejado detenidamente en su informe, así como, en su comparecencia judicial, la existencia de la deuda y que la resolución del contrato fue beneficiosa para EMGIASA y, su mantenimiento, principal causa de insolvencia de la empresa.

La sentencia concluye que el acuerdo de resolución no fue ocultado al Consejo de Administración y señala Mozo que "pone de manifiesto que el Ayuntamiento presentó un informe de su asesoría jurídica, pero dicho informe no prueba ni acredita ningún perjuicio ocasionado directamente al Ayuntamiento por la resolución del contrato".

Susana Mozo exige al Ayuntamiento y a la querellante Natalia de Andrés, "una rectificación inmediata y pública utilizando los mismos medios que utilizó durante este proceso para dar difusión a esta denuncia por un presunto delito de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, con el único efecto de intentar paliar el grave menoscabo sufrido en mi persona durante los 4 años que ha durado este procedimiento judicial.

Solicita también a Natalia de Andrés, la celebración de un Pleno extraordinario urgente para que dé cuenta pública de esta sentencia "al igual que hizo con los diferentes Autos y resoluciones durante es proceso para la restitución de mi buen nombre, honor, imagen y recto proceder durante los 12 años que he servicio al municipio de Alcorcón", ha señalado Mozo.

La concejala del PP de Alcorcón, señala en el comunicado que ha sido acusada injustamente y que se "desenmascarar la más que reprobable estrategia utiliza por la querellante con el único objeto de eludir su grave responsabilidad en la declaración de concurso culpable por la que, finalmente, ha sido inhabilitada durante 5 años de ejercicio".