Leganés aprueba destinar 6,5 millones de euros a EMSULE para garantizar la financiación de 134 viviendas públicas
El Pleno, con la abstención de una parte de la oposición, ha dado luz verde al trasvase que permitirá que los bancos avalen la obra
Javier Oporto, concejal de Urbanismo de Leganés, explica el destino del dinero trasvasado a EMSULE para garantizar las promociones de vivienda municipal
Leganés
El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Leganés ha aprobado un trasvase económico de casi 6,5 millones de euros hacia su empresa del suelo y la vivienda, EMSULE, que permita garantizar la financiación de la promoción de 134 viviendas públicas para compra que se está desarrollando desde la pasada legislatura. De esta forma quedarían garantizadas tanto estas promociones como las de alquiler cuyo déficit queda cubierto por la venta de parcelas municipales junto con un préstamo bancario, tal y como anunció el alcalde, Miguel Ángel Recuenco, " target="_blank">en una entrevista en SER Madrid Sur.
De esta forma, según ha explicado el teniente de alcalde y presidente del Consejo de Administración de EMSULE, Javier Oporto, el dinero que ahora destina el Ayuntamiento a la empresa municipal servirá para pagar los dos millones de euros que debe en certificaciones de obra más sus intereses de demora, pagar las certificaciones venideras hasta que se consiga financiación bancaria y conseguir esa misma financiación de los bancos, que hasta ahora era negada debido al déficit de 2,6 millones de euros con el que se estaba ejecutando la obra.
Oporto ha señalado que la construcción de estas viviendas, impulsada por el anterior equipo de gobierno, se inició sin financiación y a sabiendas que presentaría pérdidas económicas, algo que atenta contra la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto. Además, según el concejal, esta incertidumbre hace que los adjudicatarios no sepan qué hipoteca tendrán que firmar ni con qué entidad bancaria hasta que no se apruebe la financiación.
Por su parte los partidos de la oposición han criticado la ausencia de detalles en los informes y expedientes presentados y han acusado al gobierno de “chantajear” tanto a los concejales de la oposición como a los propios adjudicatarios. Sin embargo, el punto finalmente se ha aprobado con el apoyo del gobierno de PP y ULEG y con la abstención de Más Madrid, Vox y Alba Pulido, portavoz y una de las dos concejales de Podemos-IU. Su compañero y los ediles de PSOE han votado en contra (tres de los socialistas no han acudido al Pleno al no estar liberados y alegar problemas de agenda).
Querella contra el alcalde
Además, en este mismo Pleno el PSOE ha revelado que ha sido admitida a trámite por un juzgado de Leganés la querella interpuesta en el mes de enero contra el alcalde, Miguel Ángel Recuenco, por presuntas prevaricación y malversación durante su etapa al frente de EMSULE entre 2011 y 2015. Se trata originalmente de dos querellas que recayeron en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la condición de aforado de Recuenco en la pasada legislatura (en calidad de diputado de la Asamblea de Madrid) y que ahora que no es aforado se han unificado en una única causa en un tribunal leganense.
Este caso, a la espera de la investigación judicial, fue respondido por el propio alcalde negando cualquier irregularidad e interponiendo otra querella contra los entonces miembros del gobierno municipal, a los que acusaba de pagar con dinero público un informe jurídico que sustentase la denuncia contra él.
Pago de una sentencia
El Pleno extraordinario y urgente también ha servido para dar luz verde al pago de una de las varias sentencias judiciales que seguían impagadas y bloqueadas por la oposición. La concejala de Hacienda, María Estévez, ha explicado que aunque en las cinco ocasiones previas este pago había sido rechazado, ahora un auto del Juzgado de los Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid del 14 de noviembre directamente ordena el pago y avisa de que habría multas coercitivas contra las personas responsables de no pagar.
En concreto, la sentencia obliga a pagar 45.404 euros por los intereses de demora que se le adeudan a la empresa Harado de Construcciones y Asistencia Técnica SL, un caso que según la concejala lleva "varios años" en los tribunales.
En este caso Podemos-IU se ha abstenido pero el resto de grupos, de gobierno y oposición, han votado a favor. En este caso el PSOE ha justificado el cambio de postura debido a que “por fin el gobierno trae un expediente bien formado, sin tachones ni repaginaciones”.