Los servicios jurídicos de la Asamblea dudan de la constitucionalidad de la reforma de Telemadrid

Madrid

La tercera iniciativa del PP desde que Ayuso es presidenta para modificar la regulación de Telemadrid ha topado con los servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid, que aprecia visos de inconstitucionalidad en algunos de los cambios que los populares quieren introducir en Radiotelevisión Madrid (RTVM), a través de la Proposición de Ley 5/2023, que ese grupo parlamentario ha bautizado como “de medidas para la simplificación y mejora de la eficacia de las instituciones y organismos de la Comunidad de Madrid”.

En realidad, como reconoce la letrada de la Cámara, se trata de una “ley ómnibus”. Es decir, una norma transversal con la que el legislador pretende modificar, con un solo texto, varias leyes que poco o nada tienen que ver entre sí. Una práctica que, desde los servicios jurídicos de la Cámara, reconocen como constitucional, aunque “reprochable desde el punto de vista de la técnica legislativa”. En este caso, además de los medios de comunicación públicos, se reforman la Cámara de Cuentas, el Consejo de Transparencia o la Ley del Suelo, entre otros.

Lo que no avalan estos servicios jurídicos en absoluto es lo referido a los cambios en la elección de los órganos de gobierno de Telemadrid. Se trata de dos apartados de esa Proposición de Ley con los que el PP pretende retirar a la Asamblea de Madrid la capacidad para designar al director general del ente y al Consejo Asesor. En el caso del director general, los populares quieren trasladar esa responsabilidad directamente a la Junta General de Accionistas. Es decir, al Gobierno de la Comunidad de Madrid, que es la accionista única de la sociedad.

“Según esta letrado [en masculino en el original], serían contrarios al control parlamentario de los medios de comunicación, que fijan el artículo 20.3 de la Constitución Española y el artículo 16.3 del Estatuto de Autonomía”, expone la jurista sobre esos dos apartados en su informe, al que ha tenido acceso la Cadena SER. Las reservas de la letrada se ven agravadas, según reconoce, por el hecho de que la figura del director general salga reforzada de esta reforma, que retira las funciones de gobierno de Telemadrid al Consejo de Administración -que sí elige la Cámara-; para atribuírselas al director general –que pasaría a elegir el Gobierno-.

“Todos los días se da golpes de pecho diciendo que ella es la Juana de Arco de la Constitución y al final es ella la que, para controlar los medios de comunicación, vulnera la Constitución”, defiende el diputado Hugo Martínez Abarca, de Más Madrid, que recalca que las tres reformas de Telemadrid de la era Ayuso han ido “en un sentido autoritario”. Desde el Partido Popular rechazan esas acusaciones y argumentan que solventarán esas dudas de constitucionalidad en el trámite de enmiendas parciales. En concreto, añadiendo al redactado original que esa elección del director general por parte de la Junta General de Accionistas se hará “a propuesta del Consejo de Administración y una vez que la comisión parlamentaria determine su idoneidad para ocupar dicho cargo".

Esta “Ley de medidas para la simplificación y mejora de la eficacia de las instituciones y organismos de la Comunidad de Madrid” ha despertado los recelos de la oposición desde el momento en el que el Partido Popular la registró en la Cámara. El resto de los grupos parlamentarios consideran que, bajo la apariencia de la desburocratización, busca en realidad reforzar el control del Ejecutivo de Ayuso sobre órganos clave que velan, o deberían velar, por la ejemplaridad de los poderes públicos, como la Cámara de Cuentas, el Consejo de Transparencia y Participación o la propia Telemadrid. El PP quiere aprobarla antes de que acabe el año, en un pleno extraordinario, el próximo 22 de diciembre.