Madrid elimina las leyes LGTBI en Madrid: estos son los derechos derogados por Ayuso

Madrid

Coincidiendo con el sorteo de la Lotería de la Navidad, la Asamblea de Madrid celebra este viernes un pleno de profundo calado político. Además de la aprobación de los Presupuestos regionales, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se prepara para sacar adelante tres normas polémicas. Se trata de las reformas de las leyes autonómicas Trans y LGTBI, que suponen el primer retroceso en materia de derechos para este colectivo, y una ley ómnibus -que denominan como "ley de eficacia"- y con la que Ayuso busca intensificar el control sobre Telemadrid y sobre el Consejo de Transparencia y la Cámara de Cuentas, dos organismos independientes encargados de la fiscalización de la gestión y el gasto públicos de la Comunidad de Madrid.

"Ni un paso atrás"

Centenares de personas se han manifestado en las últimas semanas en contra de la derogación de las leyes que protegen a la comunidad LGTBI. El Partido Popular de Madrid asegura que se trata de una simple "modificación" de las normas autonómicas aprobadas por consenso en 2016 después de haber escuchado a "expertos y asociaciones". Lo cierto es que las organizaciones que defienden los derechos LGTBI denuncian que nadie en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha querido reunirse con ellos. "Pedimos una reunión el 2 de octubre y seguimos esperando a que se dignen a sentarse con nosotros", dice Ronny de la Cruz, presidente de COGAM. El Partido Popular recibió este jueves en la Asamblea a la Agrupación Amanda, un lobby tránsfobo que pone el foco en un asunto minoritario como son lo que llaman "desistidores": personas que han hecho la transición y después se arrepienten. Ellos hablan de "contagio social". "Sólo quieren escuchar a personas tránsfobas o ultracatólicas para respaldar la barbaridad que quieren hacer", denuncia Encarni Bonilla, de Chrysallis.

El PP insiste en que se trata de solo una modificación de las dos leyes aprobadas durante el Gobierno de Cristina Cifuentes, pero en la práctica supone su derogación. A la Ley LGTBI la vacían de contenido y a la Ley Trans le arrebatan su pilar fundamental: desaparece de la norma el concepto de "autodeterminación de género" o "identificación de género libremente manifestada". "La norma anterior reconocía que solo uno mismo podía saber cuál es su identidad", como explicaba en La Ventana de Madrid Isidro García Nieto, sexólogo y trabajdor social que participó en la elaboración de las leyes de 2016 ahora fulminadas. En lo práctico, los documentos autonómicos (la tarjeta sanitaria, el abono transporte o el carnet de la biblioteca) ya no se corresponderán con la identidad de género propia, sino con el sexo legal registrado en el DNI. El problema es que los menores de 12 años no pueden cambiarlo. Por tanto, un niño trans de 10 años puede verse obligado a enseñar el abono transporte con el nombre femenino que le asignaron al nacer.

La norma nueva dice también que en los colegios, si se realizan actividades diferenciadas por sexo, "se garantizarán las necesidades del alumno transexual, sin menoscabo de los derechos y la intimidad de los demás alumnos, especialmente de las chicas". Es decir, el uso de los vestuarios masculino o feminino queda al criterio libre del responsable de los menores en ese momento.

Desaparece el plan contra el acoso a menores LGTBI

Además, se elimina el plan contra el acoso a los alumnos LGTBI en los colegios, salen de los planes de estudio todos los contenidos dirigidos a mostrar la realidad LGTBI y la formación de los profesores en esta materia. Los medios de comunicación públicos NO tendrán que contribuir a dar visibilidad a la diversidad sexual y la Comunidad no proporcionará medios a los Ayuntamientos para ofrecer programas destinados a este colectivo.

Las asociaciones que defienden los derechos de las personas LGTBI advierten que el texto propuesto por el gobierno de Ayuso supone un borrado de las personas del colectivo y un grave retroceso en la protección y reconocimiento de los mismos. Desde COGAM, el Colectivo LGTB+ de Madrid, aseguran que con esta reforma el Partido Popular ha asumido definitivamente el argumentario de la ultraderecha, retirando, entre otras cosas, la inversión de la carga de la prueba, un instrumento que aseguran ha sido validado por varias sentencias judiciales. "En la reforma que ha presentado el PP se está derogando la autodeterminación de género, se está hablando de condición transexual que es un término muy patologizante", afirma su presidente, Ronny de la Cruz.