La Fiscalía de Madrid respalda el archivo de una querella contra Xabi Alonso porque ya fue absuelto de un delito fiscal
La AEAT pretende llevar a juicio al actual entrenador del Bayer Leverkusen porque no abonó medio millón de euros en 2013
Xabi Alonso durante un partido con el Bayer Leverkusen en Bundesliga. (Photo by Alex Grimm/Getty Images) / Alex Grimm
Madrid
En un Estado de Derecho no se puede juzgar a ningún ciudadano dos veces por el mismo hecho. El exjugador del Real Madrid ya resulto absuelto de es delio, sentencia que fue confirmada por el Tribunal Supremo en octubre del año pasado.
Los hechos enjuiciados se centraron en el contrato de 1 de agosto de 2009 por el que Xabier Alonso cedió la explotación de sus derechos de imagen a la sociedad mercantil radicada en la isla portuguesa de Madeira.
Las actuaciones de este nuevo procedimiento tienen su origen en otra querella interpuesta por el Ministerio Fiscal en relación con el mismo contrato contra el exjugador y otras dos personas por un delito contra la Hacienda Pública en relación con el Impuesto Sobre la Renta de 2013.
La querella se interpuso tras una denuncia remitida por la Delegación Especial de Madrid de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria relativo a Xabi Alonso al resultar un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en 572.008,73 euros.
En su escrito, el Ministerio Público solicita al juez el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones al "no existir elementos nuevos que permitan someter de nuevo a debate la existencia de dolo y simulación en el contrato de 1 de agosto de 2009 del que derivan las liquidaciones posteriores realizadas por la AEAT y que sirvieron de base a la presentación de nuestras querellas".
Lo que aquí se expone por parte de la Fiscalía es que no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo motivo porque de hacerlo se afectaría directamente al principio constitucional de la Tutela Judicial Efectiva. Es decir, se le privaría al juez del ejercicio de su labor jurisdiccional.
Y la Fiscalía como institución tiene el deber y la obligación de velar por la legalidad de cualquier procedimiento, incluso antes de ser parte principal en la acusación.