La Universidad Complutense mantiene 68 viviendas vacías en una de las zonas más caras de Madrid

Madrid

Hay un lugar en Madrid en el que es posible vivir de alquiler por 0,26€ el m². Y no en cualquier sitio, sino en una localización que se puede considerar ‘premium’, justo al lado del intercambiador de transporte de Moncloa. La vivienda en cuestión está en la calle Isaac Peral, justo en el límite entre los distritos de Chamberí y Moncloa-Aravaca. Un séptimo piso de 206,42m² y por el que su inquilino paga 54,74€ al mes, según la información a la que ha tenido acceso la Cadena SER en aplicación de la Ley de Transparencia. Todo un chollo.

Como esta, en el complejo de viviendas para profesores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), hay otro centenar. En concreto, 92 pisos y nueve porterías, aunque solo 33 están ocupados, en una de las zonas más demandadas de la capital, donde el precio del alquiler oscila entre los 18 y los 22 euros por m², según el portal inmobiliario Idealista. Las porterías están todas vacías y miden entre 50 y 103m². Las viviendas van desde los 109m², las más pequeñas; hasta los casi 250m², que miden las de mayor superficie.

Se trata de viviendas que la Complutense entrega con carácter vitalicio y que, en caso de fallecimiento, puede disfrutar el cónyuge superviviente o los hijos –estos solo hasta que cumplan veintitrés años-, según el reglamento de adjudicación. El problema es que la universidad no celebra ningún concurso desde 2003, cuando realizó el último. Fuentes del actual equipo de Gobierno de la UCM, que dirige Joaquín Goyache –en el cargo desde 2019-, apuntan que “no se han vuelto a hacer adjudicaciones porque posiblemente la universidad tenga en mente rentabilizarlos de otra manera o replantear su uso”. Los inquilinos más veteranos residen allí desde 1974.

Esas fuentes evitan entrar en concreciones sobre nuevos concursos una futura venta de los tres edificios que componen el complejo y señalan que los actuales adjudicatarios “tienen derechos adquiridos”. Es decir, si se planteara, no sería a corto plazo. Los 33 inquilinos pagan alquileres que van desde los 52,62 euros al mes, hasta los 212,49 euros. En cualquier caso, muy por debajo de los precios de mercado y sin actualizaciones de la renta estipuladas en el mencionado reglamento. De hecho, las rentas no se han incrementado desde, al menos, 2019.

Las condiciones ventajosas obedecen a que las viviendas forman parte del patrimonio público que la universidad tiene destinado a acción social. Ese es su fin, aunque los únicos criterios de adjudicación de esas viviendas, según el citado reglamento, son de antigüedad, dedicación y, sobre todo, de posición en el escalafón universitario. De esta manera, un rector suma 10 puntos por año de antigüedad en el cargo; frente a los profesores, que solo suman uno por cada año de ejercicio.

Como consecuencia, han tenido preferencia históricamente para acceder a esos pisos los altos cargos universitarios. Y así sigue siendo hoy. Es decir, es más una prebenda a costa del patrimonio público que una prestación social. De hecho, no se establece ningún criterio económico o umbral de renta máximo. Al margen de la antigüedad, la dedicación y el cargo; solo se consiguen puntos adicionales por estar casado –cuatro puntos- o por hijos menores de 23 años -tres puntos por cada uno-.

“El reglamento es muy antiguo”, conceden desde el equipo de Goyache. Se redactó en 1985, pero se aplicó en la última adjudicación, en 2003. Tan antiguo es, que la puntuación por cada hijo se computa doblemente si son “subnormales o minusválidos”, según dice el texto. Se actualizó en 1994 y 2008, pero en ningún momento se cambió este apartado que se refiere a las personas con discapacidad utilizando términos peyorativos. “Esto se modificará”, aseguran esas fuentes, que no establecen un horizonte temporal, pero que insisten en la “sensibilidad social” del actual rector.

El complejo de viviendas no solo está infrautilizado o tiene unos criterios de adjudicación cuestionables, sino que cada año sigue consumiendo recursos públicos del presupuesto de la universidad. En el quinquenio comprendido entre 2019 y 2023, la UCM ha destinado a obras allí 615.759,93€, que ha asumido íntegramente. “A pesar de las dificultades financieras por las que pasamos, tenemos también la obligación de conservar ese patrimonio”, justifican en el equipo de Gobierno.

Otros gastos, como los suministros, mantenimiento de ascensores, jardinería o limpieza de zonas comunes, sí se repercuten proporcionalmente en función de la superficie de las viviendas. Y, como no hay comunidad de vecinos sin disgustos, el complejo de Moncloa también tiene un moroso: uno de los adjudicatarios debe cuatro mensualidades a la universidad –tres recibos de 2014 y uno de 2016-, a pesar de tratarse de rentas asequibles. La UCM no concreta si esta deuda es aún recuperable o si inició en algún momento acciones para cobrarla.